Un alto interés por parte de la comunidad local, empresarios y autoridades del territorio generó el webinar «Subdivisión predial en la cuenca del CHELENKO» desarrollado a través de la plataforma Zoom y Facebook Live. La actividad, organizada el martes 31 de agosto y que contó con la participación de más de 70 personas, fue convocada por la Corporación Chelenko, entidad que reúne a pequeñas empresas, mayormente familiares, de emprendedores turísticos de la cuenca del Lago General Carrera y que es la contraparte privada de la Zona de Interés Turístico Chelenko.

El objetivo fue generar una instancia para construir una normativa u ordenanza territorial para nuevos asentamientos urbanos, a fin de coexistir en armonía con el entorno y comunidades, disminuir impacto en términos de corredores biológicos, deforestación por despeje y caminos, cuidado de quebradas, acuíferos y humedales. 

Para la abogada Josefina Ruiz, de la Corporación Chelenko, la ofensiva actual de grandes subdivisiones en distintos sectores de la región (de grandes loteos, que no son comparables con las parcelaciones pequeñas que realizan pobladores para sus familias o para ventas individuales) se basa en una ilegalidad. «Estas parcelas de agrado son proyectos urbanos, en terrenos rurales, que nunca tuvieron el debido cambio uso de suelo ni tampoco contaron con las autorizaciones respectivas» explicó. Agregó que» hay una histórica falta de ejercicio de la obligación de parte del Minvu, así como de las respectivas direcciones de Obras Municipales, para fiscalizar que no se generen estos nuevos núcleos urbanos».

Entre los efectos de que el mercado sea el que defina el uso del suelo, se incluye en primer lugar la reducción del terreno agrícola, así como la presión sobre el territorio por cada nueva vivienda para aguas servidas, caminos, desechos. También, elusión del impuesto territorial, problemas en términos de servidumbres de tránsito para turismo y pobladores originales, loteos brujos o venta de derechos, y la fragmentación del paisaje e impacto a nivel cultural.

En este sentido, apuntó a que los tres principales organismos públicos involucrados (Servicio Agrícola y Ganadero, SAG; Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU; Dirección de Obras Municipales respectiva) -e incluso los Conservadores de Bienes Raíces- están incumpliendo con lo que la ley señala, en el sentido de no autorizar nuevos centros urbanos al margen de la planificación pública. «La práctica poco rigurosa que han tenido los servicios públicos ha hecho que en el subconsciente nacional quede instaurado que es legal como se hace ahora. Pero no es legal, ya que no se aplica la normativa en su conjunto ni se sigue el espíritu de la ley» puntualizó. Más cuando en general estos proyectos son presentados por empresas inmobiliarias cuyo giro es habitacional, distinta de giro agrícola.

¿Qué hacer?

En su exposición, Josefina Ruiz planteó como Corporación Chelenko una serie de líneas de trabajo que se pueden seguir para hacerse cargo de este tema. 

Una de ellas es solicitar a la División de Desarrollo Urbano (DDU) del MINVU o al SAG que realicen un estudio de los proyectos inmobiliarios de gran escala que se están desarrollando en el territorio. Asimismo, que los municipios fiscalicen y denuncien los casos identificados a los juzgados de Policía Local por infracción urbanística y solicitar a la Dirección General de Aguas, los municipios, MINVU, SAG y Servicio de Evaluación Ambiental, que informen si estos proyectos de loteo cuentan con los permisos correspondientes.  

Otra acción sería avanzar en gravar territorios excepcionales con la figura de derecho real de conservación y los reglamentos de copropiedad, que son acuerdos privados que se pueden utilizar para proteger el territorio.

«Otra cosa que podemos hacer es proponer una mesa de trabajo entre los distintos organismos involucrados y las comunidades, y aquí podríamos invitar a la DDU para que explique bien cómo el MINVU está interpretando la ley a nivel regional» señaló.

De todas formas, se requiere que avancen las iniciativas legales en discusión en el Congreso, como el que modifica el Decreto Ley 3.516 que establece normas sobre división de predios rústicos, actualmente en segundo trámite Constitucional en la Comisión de Agricultura del Senado.

Al respecto, Patricio Herman de Defendamos la Ciudad aclaró que uno de los problemas es que aunque todos conocen el problema «nadie hace nada».  «Cuando el SAG dice que otorga los permisos, yo entiendo que siempre los otorga en el entendido que tienen la certeza de que esas parcelaciones son para actividades agrícolas» expresó. 

Esta afirmación se basa en que «el propio Decreto Ley 3.516 señala que el seremi de Vivienda, el SAG y las tantas municipalidades que hay en el país tienen que denunciar las conformaciones de condominios habitacionales conforme a estas subdivisiones prediales para actividades agrícolas».

Recordó que la única autoridad que ha hecho algo al respecto es la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, quien ordenó la detención de 6 proyectos inmobiliarios en suelo rural por incumplir la legalidad sobre subdivisiones.

En la ocasión también expuso Francisco Lara, jefe de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Aysén, quien explicó los distintos instrumentos de ordenamiento territorial que operan en el territorio y que son competencia de la entidad.  Asimismo, expuso Felipe Bozo, profesional sectorial del Servicio Agrícola y Ganadero, quien explicó los criterios que aplica el organismo para las subdivisiones de suelo rural.

Los participantes realizaron una serie de observaciones y consultas, entre las cuales se planteó la necesidad de que se aplique una moratoria mientras no se modifica la ley o se cuenta con una nueva Constitución.  O, incluso, la conformación de macro lotes comunitarios, que involucran menor espacio de intervención.