Un grave entramado de poder político, lobby empresarial y vínculos familiares pone hoy en el centro de la polémica a la diputada de Renovación Nacional Marcia Raphael, luego de quedar en evidencia que legisló activamente una ley energética clave para Aysén mientras su familia directa impulsaba un proyecto eólico privado beneficiado por esa misma normativa.

Los antecedentes no son interpretaciones: son hechos documentados que, en su conjunto, configuran un eventual conflicto de interés de máxima gravedad, que compromete la probidad parlamentaria y la confianza pública en el Congreso.

Una ley hecha desde la comisión… y desde la familia

La diputada Raphael no fue una espectadora del proyecto de ley que perfecciona los Sistemas Medianos de Energía. Fue presidenta de la Comisión de Zonas Extremas, instancia donde la iniciativa comenzó su tramitación y fue aprobada en primer trámite legislativo. Más aún, presentó indicaciones de su propia autoría, incidiendo directamente en el contenido final de una ley que favorece a regiones como Aysén.

Exactamente en esa región se emplaza el Parque Eólico Kosten Aike, un proyecto de US$ 62 millones, impulsado por el Grupo AQM, estrechamente ligado a la familia Galilea, núcleo familiar directo de la parlamentaria.

El esposo lobista, el cuñado socio y la diputada legislando

Mientras la diputada legislaba , su esposo, Pablo Galilea Carrillo, actuaba formalmente como gestor de intereses particulares, solicitando audiencias vía Ley de Lobby ante autoridades regionales y nacionales para impulsar el proyecto eólico Kosten Aike.

No se trata de terceros lejanos:

El esposo de la diputada figura como langosta del proyecto.

El cuñado, Alejandro Galilea Carrillo, es representante legal del grupo empresarial.

El proyecto pertenece al Grupo AQM, que además tiene entre sus representantes a Alberto Quiñones Moraga, ex ejecutivo formalizado en el pasado por delitos ambientales en Aysén.

Todo esto ocurrió en paralelo a la tramitación de la ley energética en el Congreso.

Promoción pública sin abstención: cero distancia, cero transparencia

Lejos de abstenerse, la diputada Raphael defendió públicamente el proyecto de ley, dio declaraciones a los medios, participó en reuniones ministeriales y fue incluso invitada por la industria salmonera a exponer los alcances de la normativa, sector que reconoce esta ley como una oportunidad estratégica de inversión.

A ello se suma un hecho particularmente sensato: la diputada y su esposo participaron juntos en la Mesa de Energía de Aysén, una instancia oficial donde se discutieron las mismas reglas que hoy favorecen al proyecto eólico familiar.

Proyecto judicializado y comunidad en contra

El Parque Eólico Kosten Aike, ubicado en Coyhaique Alto, no es un proyecto pacífico ni consensuado. Enfrenta reclamaciones judiciales ante el Tercer Tribunal Ambiental, impulsadas por comunidades y organizaciones que denuncian falencias en la evaluación de impactos ambientales, particularmente sobre recursos hídricos y ecosistemas.

Pese a este escenario de conflicto socioambiental, la ley avanzó, la diputada no se inhabilitó y el lobby familiar continuó.

¿Uso de carga para beneficio privado?

La pregunta ya no es política, es ética e institucional:

¿Puede una diputada presidir la comisión, redactar indicaciones y defender públicamente una ley, mientras su familia impulsa proyectos directamente beneficiados?

¿Por qué no transparente ni se abstuvo, pese a los evidentes vínculos?

¿Quién protege el interés público cuando el poder legislativo y el lobby privado se cruzan en la misma mesa familiar?

Exigen investigación inmediata

Frente a este cuadro, diversos sectores sostienen que no basta con explicaciones políticas, sino que se requiere una investigación formal e inmediata por parte de la Comisión de Ética de la Cámara, la Contraloría General de la República y otros organismos fiscalizadores, para determinar si existe captura legislativa o uso indebido del cargo.

El caso Raphael–Galilea no es menor ni anecdótico: expone con crudeza cómo la política energética puede quedar subordinada a intereses familiares y empresariales, poniendo en riesgo la legitimidad del Congreso y la confianza ciudadana.