Por: Úrsula Mix, Seremi de Gobierno Aysén

Hablar de trabajo es hablar de dignidad. Y en ese sentido, uno de los sellos más claros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha sido poner el trabajo y la seguridad social en el centro de la agenda pública, no como consignas, sino como transformaciones concretas que impactan la vida cotidiana de millones de personas, especialmente en territorios tan apartados como la Región de Aysén.

El aumento histórico del sueldo mínimo es una señal concreta de esta voluntad política. Elevarlo desde $350.000 a $539.000 en poco más de tres años -considerando la nueva alza que rige desde el 1 enero y que beneficia directamente a cerca de 900 mil trabajadores perciben el ingreso básico-, no es solo un dato estadístico, sino un alivio real para miles de familias trabajadoras. Un avance que, además, ha sido posible gracias a acuerdos responsables entre el Estado, los empleadores y los trabajadores, resguardando el empleo y la actividad económica.

En materia previsional, nuestro Gobierno logró lo que por más de una década parecía imposible. Tras intentos fallidos de administraciones anteriores, se alcanzó un acuerdo para una Reforma de Pensiones que avanza hacia un sistema mixto, incorpora un Seguro Social y recupera progresivamente la cotización del empleador. Sus efectos ya se sienten: la Pensión Garantizada Universal aumentó a $250.000 para las personas mayores de 82 años, beneficiando también a personas con invalidez, niños y niñas con discapacidad y a quienes históricamente habían quedado fuera, como los beneficiarios de leyes de reparación. Es una señal clara de justicia social y reconocimiento.

La reducción de la jornada laboral a 40 horas es otro hito relevante. Gracias al diálogo social tripartito, Chile avanza hacia jornadas más humanas, compatibles con la vida familiar y personal, implementadas de manera gradual y responsable. A esto se suma la Ley de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, que reconoce el valor social del cuidado y entrega derechos concretos a quienes lo ejercen, muchas veces de forma invisible y no remunerada.

En regiones como Aysén, estos avances no han sido solo normativos. La apertura de una nueva oficina de la Inspección del Trabajo en la Provincia General Carrera y la expansión de los Centros de Atención Virtual del IPS ChileAtiende, acercan el Estado a donde antes no llegaba, facilitando trámites y garantizando derechos laborales y previsionales sin obligar a largos desplazamientos.

De igual forma, los buenos indicadores de empleo regional, con bajas tasas de desempleo e informalidad, refuerzan una idea clave: el crecimiento y el trabajo decente no son conceptos opuestos. Por el contrario, cuando hay contratos formales, hay seguridad social, estabilidad y futuro.

Así también, iniciativas como la Ley Karin y la creación del contrato de buceo reflejan un Estado que no es indiferente frente a la violencia en el trabajo ni ante labores de alto riesgo. Estas normas establecen estándares claros, protocolos de prevención y mecanismos de fiscalización efectivos, reafirmando una convicción fundamental: ningún empleo debe poner en riesgo la vida ni la dignidad de las personas.

El hilo conductor de todos estos avances es nítido: diálogo social tripartito, gradualidad y un fuerte sentido territorial. Si bien los desafíos persisten —y sería irresponsable negarlo—, también es justo reconocer el camino recorrido y los cambios ya en marcha. Un Chile con trabajo digno, pensiones más justas y un Estado presente no se construye de la noche a la mañana; se construye con voluntad política, acuerdos amplios y decisiones que ponen la dignidad de las personas por delante. Ese es el rumbo que hemos trazado durante estos cuatro años, y es un rumbo que vale la pena continuar.