Para el lunes 3 abril a las 16 horas está programada una nueva sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, que desde este mes de marzo tramita, en tercer trámite constitucional, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Dicha instancia opera como cámara revisora, debiendo aprobar o rechazar los cambios incorporados por los diputados en enero pasado al proyecto. Los artículos rechazados pasarán a Comisión Mixta, la que deberá zanjar las diferencias entre ambas corporaciones.

En las primeras sesiones los legisladores de la UDI y RN ya han dejado en claro su interés en impulsar la permanencia de actividades industriales al interior, o alrededor, de las áreas protegidas del Estado

Zonas de amortiguación

Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, el martes 14 de marzo cuando se votó la definición de zonas de amortiguación. 

El proyecto que emergió de la Cámara de Diputados estableció que éstas serán un «espacio ubicado en torno a un área protegida, cuyo uso podría ser parcialmente restringido en virtud de lo que establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial pertinentes, destinado a absorber potenciales impactos negativos y fomentar efectos positivos de actividades para la conservación de tal área«.

Los senadores de la UDI, Iván Moreira (en reemplazo de su correligionario Sergio Gahona quien en esos días se encontraba internado en una clínica) y José Miguel Durana, rechazaron la redacción. «Nosotros entendemos que como está planteado lo que menos da es certeza.  La definición es ambigua y afecta el derecho de propiedad» dijo Moreira en la ocasión. En la misma línea, Durana indicó que «es una indicación que a mí también me complica, no sólo en relación al derecho de propiedad o a las facultades que tenga el dueño de la propiedad, sino que además frente a la autoridad circunstancial que esté a cargo de un plan regulador o un plan de ordenamiento territorial, que muchas veces hipotecan una zona, una región o una comuna«.  

A ellos se sumó Paulina Urrutia (RN), quien hasta ese día presidía la comisión, expresando que aunque el artículo iría en la línea correcta «cuando se cruzan los derechos de propiedad hay que darle una segunda vuelta«.  

Sólo aprobaron Juan Ignacio Latorre (RD) y Alfonso de Urresti (PS, en reemplazo de Isabel Allende). De mantenerse esta decisión en el pleno, el artículo pasará a Comisión Mixta.

En dicha sesión la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó que el texto deja en claro que la determinación y delimitación de las áreas de amortiguación no será arbitraria, dado que se generarán a través de los procedimientos ya existentes para los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, los cuales están normados y requieren amplia participación. «El plan regulador comunal es un instrumento que involucra participación.  No es algo que se defina jerárquicamente por una persona sino que tiene todo un proceso relacionado con lo que quiere la comunidad en esa comuna. Es ahí donde se puede definir que es necesaria esta área de amortiguación y por lo tanto poner estas restricciones«.

A su vez, el asesor de la cartera, Alejandro Correa, explicó que las críticas al artículo por parte de los legisladores de oposición no se hacen cargo de que actualmente todos los instrumentos de ordenamiento territorial restringen el derecho de propiedad, entregando mayor certeza la redacción que emergió de la Cámara de Diputados al establecer de qué forma se deberá constituir la zona de amortiguación, además de los alcances de las posibles restricciones a esta garantía constitucional (bajo el concepto de»parcialmente«), algo que no ocurría con el texto que el Senado aprobó en primer trámite constitucional. 

«¿Y cómo se hace esa limitación? Sólo a través de los instrumentos de ordenamiento territorial y no a través de otra autoridad o mecanismo.  Y eso es lo que ocurre actualmente en nuestro ordenamiento jurídico.  La verdad es que el derecho de propiedad no permite hacer lo que uno quiera sino sólo lo que uno puede hacer en virtud de los instrumentos de ordenamiento territorial» dijo Correa.

Al concluir la sesión de ese martes, se procedió a cambiar la presidencia de la comisión, reemplazando el senador RD Juan Ignacio Latorre a la senadora RN Paulina Urrutia.

Audiencias como medidas dilatorias

Durante las primeras sesiones se discutió ampliamente si abrir o no las sesiones a audiencias públicas, considerando que en estos casi 10 años de tramitación todos los sectores ya han tenido oportunidad de exponer sus visiones. En este punto, los legisladores de derecha defendieron que los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal expongan sus puntos de vista (los profesionales están en contra del SBAP; los guardaparques a favor), incluso planteando la posibilidad de que el proyecto sea revisado por la Comisión del Trabajo, lo cual retrasaría aún más su avance. Además, como aspecto prioritario, solicitaron que se reciba»a los salmoneros, que son uno de los perjudicados con algunas determinaciones, que tienen todo el derecho de venir«, dijo Moreira.  

En estas sesiones ya han expuesto en audiencias Ricardo Heinsohn, representante del Sindicato de Profesionales de CONAF; César Bastías, del Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de las Áreas Silvestres Protegidas; Álvaro Montaña, presidente de la Agrupación Defendamos Chiloé; y Daniel Caniullán, pescador artesanal de la Región de Aysén. Además, la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos del Medio Ambiente (FENATRAMA), Yovanka De Negri, quien aunque expresó su preocupación por algunos aspectos laborales, sostuvo que efectivamente «sí queremos el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegida, pero que sea construido en conjunto«.

La semana del 20 de marzo se llegó hasta el artículo 31 sobre planes de manejo  (que quedó pendiente), votándose la propuesta de los diputados sobre sitios prioritarios, la que fue rechazada. De mantenerse dicha votación en el pleno pasará a Comisión Mixta.

Para las próximas semanas, gracias al respaldo de los senadores de la UDI, expondrán los representantes de la industria salmonera.