• Durante la segunda sesión del Consejo Nacional Estratégico Público-Privado del Acuerdo de Escazú, presidido por la ministra de Medio Ambiente, se discutió sobre los tiempos que permanecen los proyectos en el SEIA. Esto, a raíz de lo señalado por el Presidente José Antonio Kast en su cadena nacional de abril donde expresó que “los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron noventa por ciento en una década. Eso no es protección ambiental: es burocracia que mata el empleo antes de que nazca”.
• Durante la sesión, diversos consejeros solicitaron que el Servicio de Evaluación Ambiental pudiera preparar un informe para la sesión siguiente (que son públicos y están en su página web), el cual reveló cifras decidoras: gran parte del tiempo de evaluación de las iniciativas se origina en la suspensión que los propios titulares solicitan cuando no pueden responder en los plazos establecidos las observaciones de los organismos públicos y la ciudadanía.

Debatidas han sido las primeras sesiones del Consejo Nacional Estratégico Público-Privado del Acuerdo de Escazú, orgánica constituida en diciembre de 2025 con 31 representantes de organizaciones de la sociedad civil, el empresariado e instituciones del Estado. Su función, establecida en el marco de dicho tratado internacional, es apoyar al ministerio del Medio Ambiente en el seguimiento del Plan Nacional de Implementación Participativa (PIPE) del acuerdo que obliga al Estado chileno en materia de información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental.

La cadena nacional del Presidente José Antonio Kast del 15 de abril, en la que anunció el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, encendió las alarmas. En su alocución, el Primer Mandatario señaló que “los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron noventa por ciento en una década. Eso no es protección ambiental: es burocracia que mata el empleo antes de que nazca”.

Durante la sesión del 17 de abril, la segunda del período, el representante de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), Erwin Sandoval, aludió críticamente a estas expresiones.  Según el acta pública, el dirigente indicó que “este tipo de expresiones resultan lamentables cuando provienen de la máxima autoridad del país, especialmente en una comunicación oficial… desde la perspectiva del Acuerdo de Escazú son complejas porque no entregarían información fidedigna sobre el rol de la protección ambiental”.  Puntualizó que “la protección ambiental no constituye una mera burocracia que frena el empleo”, agregando que “discursos de esa naturaleza pueden afectar la comprensión ciudadana sobre el sentido del Ministerio del Medio Ambiente, de la institucionalidad ambiental y del propio Consejo Nacional de Escazú”.

En su visión, esto además podrían inhibir la participación de la ciudadanía en materias ambientales, “por estimar, erróneamente, que su participación contribuye a ‘matar empleo’”, junto con poner en riesgo a las y los defensores ambientales que son expuestos como responsables de la “falsa dicotomía entre empleo y protección ambiental”.

Coincidió con este análisis la vicepresidenta del Consejo Nacional, la representante de ONG FIMA Constanza Dougnac, quien planteó su preocupación “respecto del lenguaje utilizado en el debate público”, apuntando que “en diversas ocasiones éste ha resultado despectivo hacia las organizaciones, instituciones y personas vinculadas al cuidado y protección ambiental”.

Al respecto, la ministra de Medio Ambiente Francisca Toledo reiteró el énfasis del Presidente “no debe ser interpretado como un desprecio a la gestión ambiental ni a la institucionalidad pública… por el contrario, lo que se ha querido relevar es que cuando los distintos órganos públicos demoran en tomar decisiones, cualquiera sea su naturaleza, se afecta finalmente el propósito de dichos órganos, se retrasa la entrega de respuestas y pueden prolongarse situaciones delicadas, especialmente a nivel regional, junto con producirse eventuales incumplimientos de los mandatos que corresponden a cada institución”.

Como una forma de dar luces sobre el particular, el representante de la Corporación Chelenko, Patricio Segura, solicitó expresamente que en la sesión siguiente se pudiera entregar información fidedigna sobre los plazos que toman las evaluaciones ambientales, para “contar con un análisis técnico y antecedentes objetivos sobre los tiempos de tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental”. En su visión, “más allá de opiniones políticas, el Consejo debiera disponer de datos duros y estudios que permitan conocer quiénes están cumpliendo o incumpliendo los plazos, así como los factores que explican dichas situaciones”.

El requerimiento fue respondido en la sesión del viernes 29 de mayo, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental presentó un análisis sobre la tramitación de los proyectos en el marco del SEIA. Estos antecedentes, alojados en la página web del servicio, demuestran que efectivamente desde 2014 a la fecha se ha ido elevando el tiempo que las iniciativas permanecen en el sistema, pero no porque los servicios se demoren en las evaluaciones.

Un simple ejercicio en la plataforma da cuenta de ello. Comparando el período del 3 de enero de 2014 al 14 de enero de 2015 con el del 29 de mayo de 2025 al 26 de mayo de 2026, los días corridos de las declaraciones de impacto ambiental aumentaron de 258 a 387, mientras que los de estudios de impacto ambiental de 562 a 1.229.  Sin embargo, más del 95 por ciento del total de días de suspensión solicitados corren por cuenta de los propios titulares (ver cuadros adjuntos) cuando no pueden responder las observaciones de los organismos públicos y la ciudadanía en los tiempos establecidos.

Ley de Reconstrucción Nacional

Durante la sesión del Consejo Nacional de mayo se abordó otro tema crítico. Cómo el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, entre otras normativas en discusión, afecta el cumplimiento del Plan Nacional de Implementación Participativa de Escazú. Esto, toda vez que en la propuesta legislativa existen artículos que incidirían en las garantías de acceso a la información, participación ciudadana y justicia en materia ambiental.

Durante la sesión se acordó que se constituya un comité que aborde esta materia, para ser presentada posteriormente al Consejo Nacional.