Once familias campesinas e indígenas se beneficiarán con riego tecnificado, invernaderos y regularización de derechos de agua. El 80% de las beneficiarias son mujeres, en su mayoría adultas mayores.

Con una inversión de 200 millones de pesos, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social y Familia, junto a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi y la Comisión Nacional de Riego, CNR, firmaron un convenio que beneficiará a 11 familias dedicadas a la agricultura familiar campesina e indígena. Cinco de ellas recibirán proyectos completos de riego tecnificado e invernaderos, incluyendo la regularización de sus derechos de agua.

Marcia Raphael, seremi de Desarrollo Social y Familia de Aysén, destacó la relevancia de esta firma, señalando que “el convenio es de suma importancia para las comunidades indígenas. El arraigo con la tierra es de suma importancia para ellos.»

El programa permitirá en los próximos 12 meses el diseño de 11 proyectos de riego y la construcción efectiva de cinco de ellos, con una inversión de 30 millones de pesos por obra, al amparo de la ley 18.450. Las soluciones incluyen energías renovables no convencionales, lo que permitirá reducir costos eléctricos y aprovechar la energía excedente en los hogares rurales más apartados de las diez comunas de la región.

Por su parte Pamela Huaitiao, encargada regional de Conadi Coyhaique, explicó que con este proceso «vamos a presentar una solución de carácter definitivo para aquellas familias en el ámbito productivo.»

Pablo Bulnes, encargado de la CNR en Aysén, detalló que el convenio colabora en respuesta a familias que se dedican a la pequeña agricultura, “las que van a contar con una solución concreta de al menos 10 años de vida útil.» Ante lo cual destacó una cifra importante, ya que «el 80% de las beneficiarias directas son mujeres. Estamos generando seguridad alimentaria en personas que se dedican principalmente a la horticultura.»

Según comentó Yordy Cea, seremi de Agricultura de Aysén, la firma del convenio ratifica el trabajo que se realiza en este ámbito, y “viene a engrosar una larga historia colaborativa entre estas dos instituciones, donde hemos podido dar respuesta a más de 200 familias en regularización de derechos de agua.»

De esta forma desde el gobierno esperan seguir avanzando en esta línea y poder concretar un nuevo convenio el próximo año para incorporar a más familias. “Vamos a poder avanzar en mayor productividad, autonomía y seguridad alimentaria”, concluyó Marcia Raphael. Con esta iniciativa, el Estado busca consolidar el desarrollo sustentable de la pequeña agricultura familiar campesina e indígena en la Patagonia chilena, con un importante enfoque de género, ya que la mayoría de las beneficiarias directas son mujeres, muchas de ellas adultas mayores, las cuales históricamente han enfrentado barreras para acceder a financiamiento por no ser propietarias de la tierra.