Por: Úrsula Mix, Seremi de Gobierno de Aysén

La agenda legislativa prioritaria es un mapa de ruta que traza un camino hacia una mayor justicia social, equidad y desarrollo estratégico para el país. El enfoque del Presidente Gabriel Boric es pragmático y humano. Cada proyecto de ley priorizado tiene un rostro, una historia detrás y un impacto directo en el bienestar de las personas.

Medidas como la Ley «Papito Corazón», la política de «copago cero», el pago de la deuda histórica a las y los profesores, la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, por nombrar sólo algunas, han tenido un impacto directo en la vida de miles de chilenos y chilenas, estas iniciativas refuerzan el compromiso del Estado con la equidad y la justicia social.

Nuestro Gobierno ha entrado en la recta final con un mensaje claro: se legislará hasta el último día. Este esfuerzo responde a un compromiso firme por concretar transformaciones sociales que responden a demandas históricas de la ciudadanía y que buscan aliviar la vida cotidiana de miles de familias chilenas.

En materia de educación, la propuesta de abordar la deuda histórica del Crédito con Aval del Estado (CAE) es un acto de justicia largamente esperado. Miles de profesionales y sus familias han cargado por años con una mochila financiera asfixiante. La eliminación gradual y justa del CAE, junto con el fortalecimiento de la educación pública, buscan liberar ese potencial productivo y devolver la dignidad a las y los profesionales y a sus familias, que han estado endeudados por años con el sistema. De ahí que el FES se haya alzado como el inicio de un cambio estructural que se espera dé alivio a las y los estudiantes, egresados y egresadas.

El Financiamiento para la Educación Superior (FES), es un proyecto de ley que busca reemplazar al actual Crédito con Aval del Estado (CAE), al Fondo Solidario y a los créditos CORFO, cuyo objetivo es permitir que las personas estudien sin la preocupación de pagar la matrícula o el arancel mientras cursan sus estudios. Así, los estudiantes comenzarían a retribuir el financiamiento un año después de egresar, pagando una cuota justa y proporcional a su sueldo, sin generar deudas con bancos ni intereses, protegiendo así a las familias del sobreendeudamiento.

En el eje de los cuidados como derecho, se están sentando bases estructurales para un Chile más equitativo. El impulso al Sistema Nacional de Cuidados y la iniciativa de Sala Cuna para Chile reconocen y valorizan una labor esencial, tradicionalmente invisibilizada y tradicionalmente asumida, en su mayoría, por mujeres. Estas leyes no sólo otorgan un alivio real a padres, madres y cuidadores, sino que también son fundamentales para la inserción laboral femenina y la corresponsabilidad social.

La seguridad, una prioridad indiscutible, se aborda con un enfoque integral, es así como la Ley de Seguridad Municipal dota a los gobiernos locales de más herramientas y atribuciones para la prevención del delito y la recuperación de espacios públicos, acercando la respuesta del Estado a los territorios y a la realidad cotidiana de los barrios.

Finalmente, la inclusión de la Ley de Eutanasia en las prioridades, responde a una discusión ética profunda sobre la autonomía personal y el derecho a una muerte digna. Es el reconocimiento del Estado a la voluntad individual en momentos de máxima vulnerabilidad.

En suma, como Gobierno, seguiremos trabajando con el propósito de cumplir con las transformaciones prometidas y dejar instaladas políticas públicas que alivien la vida de las personas hoy y sienten bases sólidas para el Chile de los próximos años. Esta agenda legislativa demuestra que el diálogo y el compromiso con la ciudadanía son los motores de la acción de nuestro Gobierno, hasta el último día de nuestro mandato.