La independencia judicial es un principio fundamental para el Estado de derecho y la democracia. Implica que los jueces deben ejercer sus funciones de manera autónoma, sin influencias ni presiones externas, ya sean políticas, económicas o sociales. Esto asegura que las decisiones judiciales se tomen exclusivamente con base en la ley y en los hechos, garantizando justicia imparcial para todos los ciudadanos.

La irreductibilidad de las remuneraciones es una garantía para la independencia judicial. Si los salarios de los jueces son vulnerables a reducciones arbitrarias, incluso por la vía de un reajuste que no permite mantener el valor adquisitivo real, se abre la puerta a influencias indebidas por parte de otros poderes del Estado.

La independencia judicial y la irreductibilidad de las remuneraciones son inseparables. Defender estos principios no solo protege a los jueces, sino que también fortalece la democracia, garantiza el acceso a una justicia equitativa y refuerza la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho.

En este sentido, nos adherimos a la jornada de reflexión convocada por los gremios del Poder Judicial relativa a las peticiones de reajuste real en las remuneraciones, considerando el incremento salarial por sobre el IPC conforme el alza del costo de la vida en el país, así como también por la falta de respuesta para el ajuste de remuneraciones y regulación de distorsiones que afectan a funcionarias y funcionarios del Poder Judicial.