Una dura crítica al sistema institucional que debe regular las actividades mineras en el país, y particularmente en la región de Aysén, hicieron desde la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) producto de la muerte de un trabajador en la faena Katterfeld, en sector Rodeo Los Palos (comuna de Coyhaique). La operación pertenece a la Sociedad Minera Cerro Esperanza SpA, de los mismos dueños de la Compañía Minera Pacífico Sur SpA, controladora de Mina El Toqui.  

Según se informó, este lunes falleció un trabajador en un accidente mientras operaba una motoniveladora.

El cuestionamiento se produce dado que la organización ha realizado múltiples denuncias y solicitudes asociadas a dicha explotación extractiva, todas las cuales han sido desestimadas por las autoridades gubernamentales, particularmente durante la pasada administración.

Katterfeld es una de las tres faenas que mantienen en Aysén estas empresas coligadas desde 2019, cuando las adquirió tras la quiebra de Laguna Gold, en un proceso impulsado por las autoridades de la época. Las otras son El Toqui en Alto Mañihuales y Santa Teresa, en el área de Villa Amengual.  

En 2018 Laguna Gold presentó una declaración de impacto ambiental para instalar 100 plataformas de exploración en Katterfeld, ante lo cual desde Codesa solicitaron que se iniciara un proceso de participación ciudadana.  Este requerimiento fue rechazado por el director del Servicio de Evaluación Ambiental de la época, Claudio Aguirre.  Y fue así que el proyecto fue aprobado el 30 de octubre de 2019 por la Comisión de Evaluación Ambiental, presidida por la ex intendenta Geoconda Navarrete.

En el caso de Katterfeld, está demostrado que las faenas incluso podrían afectar patrimonio arqueológico del sitio homónimo, que se emplaza no sólo en el área de influencia del proyecto y dentro del polígono de concesión sino en el paso de los caminos de acceso a las exploraciones. En esta área, se ha señalado desde expertos del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), se encuentra «el taller lítico más extenso de nuestra hermosa región».

Para el presidente de Codesa, Erwin Sandoval Gallardo, quien es originario de Villa Mañihuales, «si se hubieran tomado las decisiones conforme a derecho y sobre la base de los cuestionamientos profundos que hay a su evaluación ambiental, este proyecto no estaría en funcionamiento y, por lo tanto, difícilmente un accidente de estas características se hubiese producido». Pero más allá de este punto, «tenemos que hacer una reflexión y una crítica respecto a las decisiones a futuro en materia económica en la región. No es posible que sigamos apostando el desarrollo de nuestra región solamente a través de actividades económicas con un altísimo impacto ambiental que no generan desarrollo económico local y que al final del día también significan muerte de nuestros vecinos y vecinas, por su precarización laboral. Tenemos que hacer un proceso de transición socioeconómica justa y apostar a actividades de futuro y que no signifiquen estas lamentables consecuencias para nuestra región y sus habitantes».

Desde Codesa llamaron a las autoridades a aplicar la normativa, defendiendo ya no sólo el patrimonio natural y cultural de la región sino que también la vida de las personas.