En días donde la ciudadanía y la sociedad civil buscan de manera acelerada que sus iniciativas sean parte de la nueva constitución, 19 fundaciones agrupadas en Acción Colectiva por la Educación, hacen un llamado a juntar 15 mil firmas de manera urgente para asegurar el derecho a una educación integral, de calidad, inclusiva y gratuita.

Un total de 19 fundaciones educativas de la sociedad civil agrupadas en Acción Colectiva por la Educación, presentaron la Iniciativa Popular de Norma (IPN) «Por una educación integral, de calidad, inclusiva, equitativa y gratuita», con la cual buscan llegar a las 15 mil firmas ciudadanas para que el articulado sea discutido en la Convención Constitucional e incorporado en la nueva Constitución.

Se trata de la iniciativa 43.926, que propone siete puntos para incluir en la nueva Carta Magna, desde que el Estado debe garantizar a todas las personas el derecho a una educación integral de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género, con pertinencia territorial, cultural y lingüística. Asimismo, la propuesta reconoce el rol docente en la nueva Constitución, velando por la formación –inicial y continua– y por condiciones laborales adecuadas para profesores, profesoras, educadores y educadoras; algo inédito que existe en muy pocas constituciones a nivel mundial.

Además, establece que «el Estado asegurará la obligatoriedad y gratuidad entre el segundo nivel de transición parvularia y la educación media, extendiéndose la gratuidad desde el nivel de sala cuna y, progresivamente, a la educación superior» (revisa el articulado completo aquí).

El articulado se basa en los resultados del proceso ciudadano «Tenemos que Hablar de Educación» –impulsado también por Acción Colectiva entre 2020 y 2021– que contó con la participación de cerca de 8 mil docentes, apoderados, estudiantes, directivos y sostenedores de todo el país.

Para Bernardita Lazo, directora regional de ONG Canales en Aysén, que las realidades de las regiones estén representadas en espacios nacionales.  «Como organización dedicada a fortalecer la Educación Técnico Profesional desde hace 10 años en los territorios más australes del país, es muy satisfactorio ser parte de esta iniciativa, porque fue levantada con distintas voces vinculadas al mundo de la Educación y materializada por una red organizaciones con amplia experiencia y vinculación en los territorios».

La iniciativa popular ya cuenta con cerca de 3.000 firmas de apoyo y cuenta con el respaldo de distintas figuras ligadas al ámbito de la educación y la niñez en redes sociales. Sin embargo, necesitan alcanzar como mínimo las 15 mil rúbricas para que pueda ser discutido en la Convención.

«No podemos dejar a las comunidades educativas del mundo Técnico Profesional fuera de la discusión. Avancemos hacia una educación de calidad, equitativa, inclusiva y gratuita para todos y todas», destacó la profesional.