{"id":4859,"date":"2021-06-03T17:03:40","date_gmt":"2021-06-03T20:03:40","guid":{"rendered":"https:\/\/radiorevelacionfm.cl\/?p=4859"},"modified":"2021-06-03T17:11:05","modified_gmt":"2021-06-03T20:11:05","slug":"corte-de-coyhaique-rechaza-recurso-de-proteccion-contra-campana-de-vacunacion-anti-influenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiorevelacionfm.cl\/?p=4859","title":{"rendered":"Corte de Coyhaique rechaza recurso de protecci\u00f3n contra campa\u00f1a de vacunaci\u00f3n Anti Influenza"},"content":{"rendered":"
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Corte de Coyhaique rechaza recurso de protecci\u00f3n contra campa\u00f1a de vacunaci\u00f3n Anti Influenza<\/strong><\/span><\/p>\n

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La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechaz\u00f3 el recurso de protecci\u00f3n interpuesto en contra de la Secretar\u00eda Regional Ministerial de Salud de Ays\u00e9n, por la resoluci\u00f3n que dispuso la implementaci\u00f3n de un proceso de vacunaci\u00f3n obligatoria anti influenza.<\/p>\n

En fallo un\u00e1nime (causa rol 52-2021), el tribunal de alzada \u2013integrado por los ministros Natalia Rencoret Oliva, Sergio Mora Vallejos, Pedro Castro Espinoza y Jos\u00e9 Ignacio Mora Trujillo\u2013 desestim\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, tras establecer que la autoridad recurrida actu\u00f3 dentro de sus facultades al disponer la inoculaci\u00f3n para proteger la salud p\u00fablica del pa\u00eds.<\/p>\n

\u201cQue, en lo referente a la pretendida ilegalidad del Decreto Exento N\u00b023 recurrido, esta no se verifica, por cuanto su dictaci\u00f3n se enmarca dentro de las obligaciones legales que tiene el Ministerio de Salud, limit\u00e1ndose a la ejecuci\u00f3n de un proceso de vacunaci\u00f3n, debidamente declarado por la autoridad competente en uso de sus atribuciones legales, contenidas en el art\u00edculo 32, del C\u00f3digo Sanitario antes transcrito, el No 12 del Decreto Exento No 6, de 2010 del Ministerio de Salud, que dispone la Vacunaci\u00f3n Obligatoria contra Enfermedades lnmunoprevenibles de la Poblaci\u00f3n del Pa\u00eds, la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relaci\u00f3n con acciones vinculadas a su atenci\u00f3n de salud y en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y que tiene como objetivo resguardar la salud p\u00fablica de la poblaci\u00f3n, en especial promover la pol\u00edtica p\u00fablica de vacunaci\u00f3n contra la influenza, respecto de personas que de no haber sido inoculadas oportunamente se hubieran visto afectadas por los efectos del virus estacional con mayor fuerza, lo que se predica particularmente respecto de ni\u00f1os peque\u00f1os, como es el caso del hijo menor de la recurrente, personas de edad avanzada, y personas aquejadas de afecciones m\u00e9dicas graves, lo que puede causar graves complicaciones de la enfermedad subyacente, provocar neumon\u00eda o causar la muerte\u201d, sostiene el fallo.<\/p>\n

La resoluci\u00f3n agrega que: \u201cEn este punto, igualmente, conviene asentar que los deberes que tiene el Estado respecto de la protecci\u00f3n de la vida y la salud de las personas y, particularmente, la calidad de garante que inviste respecto de tales derechos en situaciones de rechazo de la vacunaci\u00f3n que ponen en riesgo la salud p\u00fablica al impedir al colectivo alcanzar el porcentaje de inoculaci\u00f3n cient\u00edficamente exigido para conseguir el efecto de inmunidad colectiva, no declinan ante la libertad de un individuo que en uso de su autonom\u00eda personal o libertad de conciencia, decida rechazar un tratamiento m\u00e9dico, por cuanto, a juicio de esta Corte, la vacunaci\u00f3n, como herramienta de pol\u00edtica p\u00fablica de salubridad y que ha sido definida como un bien p\u00fablico, se encuentra dentro de la excepci\u00f3n de la regla del art\u00edculo 14 de la Ley No 20.584, antes transcrito\u201d.<\/p>\n

\u201cQue, por su parte tampoco existe arbitrariedad en la actuaci\u00f3n de la autoridad recurrida, desde que la dictaci\u00f3n del referido decreto no obedece al mero capricho de aquella, sino que se funda en estudios cient\u00edficos- cuyo reconocimiento y aceptaci\u00f3n a nivel mundial, es hasta ahora, hecho p\u00fablico y notorio que sostienen que la reducci\u00f3n de la transmisi\u00f3n viral es el enfoque m\u00e1s eficaz para minimizar morbilidad y mortalidad por Influenza, ejerciendo atribuciones legales generales y espec\u00edficas de las que se encuentra dotado, e incluso obligado a ejercer, seg\u00fan antes se indic\u00f3\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n

Por otro lado \u2013contin\u00faa\u2013, la determinaci\u00f3n del grupo objetivo de la intervenci\u00f3n, establecido en el Decreto recurrido, no resulta arbitraria, como aduce la recurrente, toda vez que cient\u00edficamente se exige que una espec\u00edfica vacuna sea administrada a un determinado porcentaje de la poblaci\u00f3n para alcanzar el efecto de inmunidad de grupo se\u00f1alado, lo que justifica que ello sea exigido en forma obligatoria, o condicionado a que ello no afecte la salud p\u00fablica del colectivo, en este caso, la necesidad de conseguir la inmunidad de grupo, y, espec\u00edficamente, en el caso que se conoce, el mismo Decreto impugnado refiere expresamente, como uno de sus motivos, que los ni\u00f1os en edad escolar amplifican las epidemias de Influenza debido a su mayor susceptibilidad y altas tasas de infecci\u00f3n lo que contribuye a la propagaci\u00f3n del virus entre la poblaci\u00f3n. Por otro lado el uso de vacuna inactiva reduce el riesgo de influenza en ni\u00f1os entre 2 y 16 a\u00f1os de 30% a 11%, y podr\u00eda reducir el riesgo de enfermedades tipo Influenza (ETI) de 28% a 20%, siendo as\u00ed uno de los grupos de mayor efectividad de la vacuna, de lo que se colige que tal acto se encuentra fundado\u201d.<\/p>\n

Para el tribunal de alzada: \u201c(\u2026) a mayor abundamiento, la recurrente no ha aportado ning\u00fan antecedente t\u00e9cnico serio o fundado que permita temer por la vida de sus hijos o la de ella, o por lesiones a la integridad f\u00edsica o ps\u00edquica, en el caso de que se les administrare la vacuna, puesto que \u00fanicamente ha acompa\u00f1ado supuestos datos de relevancia cient\u00edfica, cuya verificaci\u00f3n a nivel de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud, no se ha justificado en la especie; m\u00e1xime si la recurrente no se refiri\u00f3 en concreto a la administraci\u00f3n de alg\u00fan medicamento que supusiere un riesgo de interacci\u00f3n con la referida vacuna; ni tampoco acredit\u00f3 su rango etario ni la existencia de alguna condici\u00f3n de salud especial de ella y su hijo (\u2026) de 13 a\u00f1os u otra circunstancia que le permita quedar en los grupos de personas respecto de los cuales el decreto impugnado establece el deber de vacunaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

\u201cQue, en consecuencia, no habi\u00e9ndose justificado el acto arbitrario o ilegal que motiva la presente acci\u00f3n, se deber\u00e1 rechazar el recurso de protecci\u00f3n que se conoce, seg\u00fan ya se indic\u00f3, sin que se advierta una vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 19, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en los n\u00fameros identificados por la recurrente a lo largo de su escrito recursivo, cuyo an\u00e1lisis pormenorizado de estos resulta inoficioso al faltar un requisito previo de procedencia de la acci\u00f3n, como lo es, la ilegalidad y\/o arbitrariedad del acto denunciado, seg\u00fan ya se indic\u00f3\u201d, concluye.<\/p>\n<\/div><\/section><\/div>\n

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