La iniciativa busca fortalecer la protección de víctimas de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, con medidas para asegurar mayor continuidad en el resguardo, ampliar las herramientas frente a nuevas formas de agresión y reforzar la supervisión y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Raphael, anunciaron el pasado miércoles 26 de agosto el ingreso a la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley “Cautelares Reforzadas”.

La iniciativa modifica normas contenidas en la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley sobre violencia intrafamiliar, ley que crea los Tribunales de Familia, normativa sobre monitoreo telemático, la de institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y el Código Procesal Penal.

En ese contexto, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Aysén, Roxana Nehue Cárdenas, destacó: “Desde la región de Aysén valoramos este proyecto de ley que mejora las medidas cautelares en los procedimientos de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, entregando protección y mayor seguridad a las víctimas de estos delitos. Destacamos también que se incluya a los municipios, a través de la ampliación de las facultades de inspectores de seguridad municipal, colaborando de esta forma en la fiscalización en terreno o monitoreo telemático de posibles incumplimientos, considerando cámaras municipales o rondas que realizan estos funcionarios normalmente.  Es importante que en una región extensa y de difícil acceso como la nuestra, se pueda reforzar y apoyar la enorme labor que realiza Carabineros, para asegurar la integridad física y psicológica de todas las mujeres de Aysén”.

Por su parte, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Andrea Ponce Olivares, explicó que “En nuestra región, como en todo Chile, miles de mujeres viven situaciones de violencia que no podemos seguir normalizando. Este proyecto de ley representa un avance importante porque entrega herramientas más eficaces para prevenir nuevas agresiones y resguardar a las víctimas. Desde Aysén, reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con todas las instituciones para que la justicia sea más rápida, más efectiva y esté al servicio de quienes más lo necesitan. Esta iniciativa viene a dar una respuesta concreta a una realidad dolorosa que también golpea a nuestra región. En Aysén hemos visto casos que terminan en tragedias, y eso no lo podemos aceptar. Como Gobierno del presidente José Antonio Kast y en línea con el trabajo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, estamos avanzando en una agenda que pone a las víctimas en primer lugar y que busca construir una sociedad más segura”.

La iniciativa contempla una serie de modificaciones orientadas a asegurar mayor continuidad en el resguardo de las víctimas, incorporar herramientas frente a nuevas formas de violencia, fortalecer la fiscalización y establecer mayores consecuencias ante el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Entre sus principales medidas se encuentran:

Protección continua entre tribunales

El proyecto busca evitar vacíos en el resguardo cuando una causa pasa de un Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía por la existencia de antecedentes constitutivos de delito. En ese tránsito pueden surgir dudas sobre qué instancia debe mantener o supervisar las medidas cautelares, aun cuando la víctima continúa en una situación de riesgo. La propuesta establece reglas para mantener la supervisión judicial mientras se resuelven los conflictos de competencia y mandata un protocolo de coordinación entre la justicia de familia y penal, con el fin de dar continuidad a la protección y claridad sobre las responsabilidades de cada instancia.

Nueva medida cautelar:

Prohibición al hostigamiento digital La iniciativa reconoce que el hostigamiento o acecho puede producirse de manera presencial como a través de medios digitales. Una prohibición de acercamiento físico no siempre impide que una víctima permanezca expuesta a mensajes, amenazas o acoso mediante redes sociales u otras plataformas. En este sentido, se incorpora una medida cautelar que permite prohibir estas conductas contra la víctima, sus hijos o hijas a través de cualquier medio, incluidos los espacios digitales. Además, establece que la judicatura deberá pronunciarse sobre medidas de resguardo para niños, niñas y adolescentes cuando corresponda.

Más fiscalización y control en monitoreo de cautelares

El proyecto incorpora herramientas para reforzar la fiscalización en terreno y el monitoreo telemático frente a eventuales incumplimientos. Amplía las facultades de inspectores de seguridad municipal para colaborar en esta labor, elimina el requisito de formalización para acceder a este sistema y establece consecuencias cuando una persona arranca o inutiliza intencionalmente el dispositivo. También obliga a informar a Gendarmería sobre las resoluciones relacionadas con esta herramienta.

Prisión preventiva al no cumplir cautelares

La propuesta aborda los casos en que una persona incumple una resolución destinada a proteger a la víctima, como una prohibición de acercamiento o contacto. Estas situaciones pueden constituir un antecedente relevante para evaluar el riesgo para su seguridad. Por ello, incorpora una norma al Código Procesal Penal para que la judicatura deba ponderar la entidad y circunstancias de estos incumplimientos al evaluar la procedencia de la prisión preventiva. Esto no implica su aplicación automática, sino un análisis de cada caso según sus propias particularidades.

Juez preferente en casos de VIF

Los casos de violencia intrafamiliar requieren una respuesta judicial con mayor especialización, pero actualmente los jueces de Garantía conocen una amplia variedad de materias. Por ello, en los tribunales integrados por más de tres jueces o juezas, se podrá designar a uno de ellos para conocer preferentemente estas causas, con el objetivo de favorecer una tramitación más especializada y dar continuidad a su conocimiento.