En noviembre de 2024, mientras se encontraba en curso un sumario administrativo originado por denuncias de acoso y maltrato laboral en contra de la entonces seremi de Gobierno de Aysén, una autoridad del Nivel Central del Ministerio Secretaría General de Gobierno (MSGG) decidió no renovar la Contrata de la periodista Paulina Schwaner.

Dieciocho meses después, el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique acogió la demanda interpuesta por la profesional y concluyó que el MSGG vulneró su Garantía de Indemnidad, al establecer una relación entre la denuncia por acoso y maltrato laboral realizada por Paulina Schwaner y la decisión de no dar continuidad a su vínculo laboral.

“Durante 20 meses mantuve la convicción de que mi desvinculación no había sido una decisión administrativa, sino una vendetta política de parte de un “lote” del PS, por haber denunciado a una acosadora y maltratadora laboral militante de esa fracción socialista. Hoy, la justicia ha reconocido que yo tenía la razón”, afirmó la periodista.

Entre los antecedentes analizados durante el juicio estuvo la situación de otra funcionaria que se desempeñaba bajo las mismas condiciones contractuales que Paulina Schwaner. A diferencia de la periodista, esta trabajadora no presentó denuncia alguna y su Contrata fue renovada automáticamente. La sentencia consideró esta circunstancia al analizar el actuar del MSGG y estableció que existió una diferencia de trato entre ambas funcionarias.

Cuando se adoptó la decisión de no renovar la contrata a Paulina Schwaner, el MSGG disponía de los antecedentes relacionados con las denuncias formuladas contra su jefatura y existía, además, un sumario administrativo en desarrollo. A ello se sumaba un antecedente previo de carácter laboral: la Mutual de Seguridad había diagnosticado a la periodista un “trastorno adaptativo” de origen laboral, vinculado -según los antecedentes médicos correspondientes- a una jefatura calificada como hostil y disfuncional.

Para la periodista, estos elementos resultan especialmente relevantes a la luz de la resolución judicial. “La autoridad que me desvinculó conocía las denuncias por acoso y maltrato, conocía la existencia de un sumario administrativo y también los antecedentes relacionados con mi enfermedad laboral. Pese a ello, tomó la decisión de dejarme sin trabajo. Esa decisión hoy ha sido jurídicamente cuestionada y sancionada por un tribunal y el Estado me tendrá que resarcir económicamente por el profundo daño que dicha autoridad me provocó”, sostuvo.

La exfuncionaria afirma que las consecuencias de lo ocurrido se extendieron mucho más allá del término de su relación con el Ministerio. Durante los últimos 20 meses no logró volver a ejercer de manera estable su profesión, pese a una búsqueda permanente de trabajo y a contar con una amplia trayectoria profesional, desarrollada tanto en Chile como en el extranjero. Señala que durante ese período enfrentó consecuencias económicas, profesionales y personales que, a su juicio, no pueden ser completamente reparadas mediante una sentencia.

“No existe sentencia ni compensación económica capaz de reparar completamente el impacto emocional de esta vendetta política. Pero esta resolución sí tiene un enorme significado: confirma que yo estaba en lo cierto, que denunciar lo que estaba ocurriendo no fue un error y que defender mis derechos valió la pena”, afirmó.

En el cierre del proceso, la exfuncionaria del MSGG también relevó el respaldo recibido por algunas personas, vinculadas al PS, que participaron como testigos durante el juicio. “Quiero agradecer públicamente a un sector y a determinadas personas del Partido Socialista que sí me apoyaron y que, incluso, declararon a mi favor en el Tribunal, pues su testimonio fue fundamental para establecer la verdad sobre la injusta represalia cometida en mi contra”, concluyó Paulina Schwaner.