En una enérgica intervención en la sala del Senado, el parlamentario Miguel Ángel Calisto manifestó su profunda preocupación y rechazo ante la decisión del Ministerio de Justicia de clausurar el centro penitenciario de la comuna de Cochrane, en la provincia de Capitán Prat. A través de una solicitud formal en la hora de incidentes, el legislador requirió que se oficie directamente a la cartera gubernamental para reconsiderar una medida que impacta negativamente al territorio austral y que calificó como una determinación alarmante para la comunidad.

Durante su alocución, el parlamentario explicó el grave perjuicio geográfico y social que representa el traslado de la población penal hacia otras jurisdicciones lejanas como Chile Chico. «Esta es una situación compleja porque genera un problema para la comunidad», advirtió el senador Calisto, agregando que «si cambian a la población penal a un centro distinto, que en este caso sería Chile Chico obligaría que las familias de las propias personas que están privadas de libertad tengan que ir hasta la provincia de al lado para poder realizar visitas y  cumplir con todos los procedimientos que implica».

Asimismo, el congresista expuso detalladamente las consecuencias técnico-jurídicas de esta medida, alertando que entorpecerá el normal funcionamiento y la fluidez de los tribunales de justicia que operan en las comunas afectadas. «Hay que señalar que esto evidentemente afecta a las personas que están privadas de libertad y que tienen que tener comunicación con su defensor penal. Es decir, complejiza todo el sistema», enfatizó. Del mismo modo, cuestionó los argumentos técnicos o de infraestructura para justificar el cese de operaciones del recinto, recordando que «el fiscal judicial en su último informe, en la visita al centro penitenciario de Cochrane, señaló que el edificio está en buenas condiciones».

Finalmente, el legislador hizo un llamado categórico a las autoridades de Gobierno a ponderar de manera urgente el rol del Estado en las zonas extremas y revertir una política centralista que desatiende la importancia estratégica y geopolítica de la zona austral, caracterizada por su cercanía a áreas fronterizas y Campos de Hielo. Calisto concluyó su intervención manifestando que ya puso todos los antecedentes a disposición del Ministerio de Justicia y de Gendarmería de Chile, quedando a la espera de un pronunciamiento oficial que retrotraiga la medida para asegurar que los servicios públicos sigan presentes en los territorios más aislados del país.