Han pasado más de diez días desde que la directora regional de Gendarmería comunicó verbalmente al municipio el eventual cierre del Centro de Detención Preventiva de Cochrane. Sin embargo, hasta hoy no existe un pronunciamiento oficial que confirme o descarte la medida, ni tampoco antecedentes técnicos conocidos por la comunidad que permitan comprender los fundamentos de una decisión que podría impactar directamente a las provincias Capitán Prat y General Carrera.

La situación ha generado preocupación creciente entre autoridades, familias de internos, funcionarios y vecinos, quienes coinciden en un punto: la incertidumbre sigue siendo la única respuesta que han recibido.

Desde el municipio, el alcalde Patricio Ulloa Georgia ha reiterado públicamente su desacuerdo con la medida y cuestionó que el cierre de un servicio público sea planteado como la principal alternativa frente a los problemas estructurales del recinto, “la única razón que se nos informó es que el edificio presenta problemas estructurales. Sin embargo, creemos que existen alternativas y que cerrar un servicio público no puede ser la primera opción. Hemos planteado una reposición, un mejoramiento o incluso una reubicación fuera del radio urbano”, señaló la autoridad comunal.

El jefe comunal recordó además que los municipios de Cochrane, Tortel y Chile Chico han enviado oficios solicitando antecedentes y respuestas formales, documentos que hasta la fecha no han sido contestados, “queremos decirle al Gobierno que la comunidad de Cochrane, su alcalde y el Concejo Municipal no comparten esta decisión apresurada. Exigimos una respuesta a los documentos enviados. Hasta ahora la única información que existe es una comunicación verbal realizada por la directora regional de Gendarmería”, agregó.

Pero más allá de la discusión institucional, la preocupación tiene rostro humano. Así lo expresó Carola Oliva, esposa de uno de los internos del recinto, quien aseguró que las familias llevan días enfrentando rumores y especulaciones sin contar con información oficial, “hasta el momento todo se ha basado en rumores y supuestos. No existe un documento oficial que nos diga qué va a pasar realmente. Hay niños pequeños, adultos mayores y muchas familias que están sufriendo con esta situación”, manifestó.

La vecina explicó que un eventual traslado no solo afectaría a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias, muchas de las cuales han logrado establecerse en la comuna, “soy madre de seis niños que estudian en Cochrane. Para nosotros sería un gasto enorme tener que trasladarnos nuevamente. Mis hijos ya están adaptados a esta comunidad y volver a empezar sería muy difícil”, sostuvo.

Una preocupación similar expresó Paola Arias, quien puso el foco en las consecuencias que tendría la medida para los hijos de los internos y para quienes deberán recorrer largas distancias para mantener el vínculo familiar, “hay niños detrás de esta situación y no se les puede explicar de un día para otro que ya no podrán ver a sus padres con la misma frecuencia. También están las dificultades de los viajes, las distancias y el estado de los caminos que son malos. La esperanza que tenemos todos es que no se cierre la cárcel”, indicó.

La vecina agregó que, si la medida continúa siendo evaluada, las familias merecen ser escuchadas antes de adoptar una decisión definitiva, “lo mínimo es que exista una mesa de trabajo donde se escuche a quienes serán afectados. Este recinto es más que un servicio público; también es una necesidad para nuestra comuna”, afirmó.

A estas voces se sumó la vecina y hoy vocera de las familias afectadas Sara Soto, quien cuestionó que una decisión de esta magnitud haya sido comunicada únicamente de manera verbal, “no puedo entender que una situación tan delicada sea comunicada solamente de palabra. Las familias merecen respeto y claridad. Si existe una decisión de esta magnitud, debe ser explicada formalmente por las autoridades competentes”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a transparentar el proceso y entregar los antecedentes que sustenten la eventual medida, “necesitamos un oficio claro que explique qué es lo que pretenden hacer. Si existen razones para tomar una decisión, estas deben ser transparentadas y conversadas con la comunidad”, concluyó.

Mientras la incertidumbre continúa, vecinos y autoridades comunales cuestionan que, hasta ahora, no se haya presentado públicamente ningún estudio técnico, informe estructural, evaluación de riesgo o documento oficial que respalde una decisión de tal magnitud. Tampoco existen respuestas a los oficios enviados por los municipios afectados.

En este contexto, las familias anunciaron que continuarán realizando gestiones y movilizaciones pacíficas para exigir respuestas. A su juicio, una medida que podría afectar a internos, funcionarios de Gendarmería, niños, adultos mayores y a toda una provincia no puede adoptarse sin transparencia, diálogo y participación de la comunidad. Mientras el silencio persiste por parte de Gendarmería y de las autoridades competentes, en Cochrane crece la sensación de incertidumbre frente a la posible pérdida de un servicio público que por décadas ha formado parte del territorio.