La acción judicial busca resguardar la honra de líderes comunitarios tras videos difundidos por el ex candidato al Senado, Manuel Anabalón Jeldres, en los que se les acusa de lucrar para “boicotear” la economía local. Tras la medida, dos de los dirigentes aseguran que desconocidos ingresaron ilegalmente a sus viviendas.

COYHAIQUE.– Cuatro reconocidos dirigentes sociales y defensores ambientales de la Región de Aysén han interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique. La medida denuncia la difusión masiva de contenidos falsos por parte del excandidato al Senado, Manuel Anabalón Jeldres, los cuales han vulnerado su derecho constitucional a la honra y han puesto en riesgo su integridad física.

El conflicto escaló tras la difusión de videos en TikTok y Facebook que alcanzan las 60 mil visualizaciones. En ellos, Anabalón acusa a Daniel Caniullán, Nelson Millatureo, Paolo Maticini y Peter Hartmann de recibir 500 millones de pesos de una organización noruega para «boicotear» la economía local.

Los afectados denuncian que estas afirmaciones son falsas y que fueron generadas maliciosamente en base a un reportaje de TVN emitido el pasado 22 de marzo.

La gravedad de esta exposición mediática ha tenido consecuencias inmediatas: tras la viralización de los videos y el ingreso de la medida cautelar, se registró un allanamiento ilegal en el hogar de Peter Hartmann y, recientemente, un nuevo ingreso de desconocidos en la vivienda de Paolo Maticini, provocando daños y robo de pertenencias.

Los recurrentes —pescadores artesanales, comunicadores y arquitectos que poseen una trayectoria de décadas en la protección del medioambiente y de las culturas originarias de la Patagonia— aseguran que nunca han recibido fondos como los mencionados, ni en relación al monto ni tampoco a un supuesto objetivo de “boicoteo” comercial.

La defensa de los dirigentes subraya que este tipo de narrativas tendenciosas en medios masivos y redes sociales actúa como un catalizador de violencia, exponiéndolos a ser tildados de «traidores» y comprometiendo su seguridad en sus propios territorios.

El recurso solicita la eliminación de los contenidos injuriosos, la prohibición de nuevas publicaciones similares y una Orden de No Innovar para proteger la vida y la honra de los dirigentes mientras se resuelve la causa.

Contexto: Conflicto territorial y Ley Lafkenche

Este escenario de hostigamiento se enmarca en la alta tensión entre la industria salmonera y las comunidades locales por el control del borde costero. El núcleo de la disputa es la Ley 20.249 (Ley Lafkenche), que permite la creación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

Mientras las comunidades indígenas buscan resguardar sus usos tradicionales en el borde costero, sectores vinculados a la industria han impulsado campañas para limitar estas figuras de administración del mar. Según los recurrentes, las acusaciones de «financiamiento extranjero» son una estrategia para deslegitimar éticamente la labor de quienes defienden los ecosistemas marinos frente a la expansión de la salmonicultura en la región.