De acuerdo a la investigación, a consecuencia del actuar negligente de los imputados en la ejecución de la obra y en la fiscalización de la misma, se produjo la caída de una roca de gran tamaño que provocó el fallecimiento de las víctimas.

Como parte de la labor investigativa del Ministerio Público, el fiscal Alex Olivero Núñez procedió hoy a formalizar una investigación por cuasidelito de homicidio en contra de 5 imputados, profesionales de una empresa constructora y otra de asesoría, tras el fallecimiento de dos personas el 1° de mayo del año 2017, en la Carretera Austral, cercanías de Puyuhuapi.

Según explicó el fiscal del Ministerio Público en el audiencia de formalización, que comenzó hoy cerca de las 13.00 horas, los imputados trabajaban en dicha ocasión en roles de jefatura para dos empresas que estaban a cargo del mejoramiento de la Ruta 7 y asesoría en la inspección fiscal, a quienes se les atribuye responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte de dos personas.

Los imputados cumplían funciones de jefe de terreno, jefe de prevención de riesgos, supervisor de minería, jefe de la asesoría de inspección fiscal y jefe de topografía.

ALTA DE CUIDADO

Según lo expuesto en la audiencia por el fiscal Olivero, este tipo de trabajos debía efectuarse “cuidadosamente, cualquiera sea la naturaleza del terreno donde se encuentra el talud, y en aquellos taludes de roca o conglomerados con bolones, debían ser sometidos a un acuñado que elimine los trozos o piedras inestables”.

Pese a lo anterior, añadió, “este trabajo no se desarrolló cuidadosamente, puesto que se permitió la acumulación de material y rocas sin que tomarán las mínimas medidas que permitieran mantener estable el terreno, omitiéndose el proceso de acuñado y eliminación ya descrito”.

Sumado a lo anterior, el día 29 de abril de 2017 en la tarde se declaró Alerta Verde Temprana Preventiva para la Región de Aysén por precipitaciones y viento de intensidad moderada a fuerte.

ROCAS

Es así que en el lugar comenzó una fuerte lluvia, “siendo totalmente previsible la caída de rocas sobre el camino, los funcionarios de la empresa constructora no instalaron ninguna medida de mitigación para evitar la caída de las mismas, y así evitar daños a terceros, tales como mallas de contención. Del mismo modo, no instalaron ningún letrero que advirtiera a los conductores el peligro de derrumbes o caída de rocas que existía en ese momento”.

Por su parte, los trabajadores de la empresa de asesoría fiscal, de acuerdo a lo expuesto por el fiscal Olivero, “omitieron precaver la necesidad de contar con elementos de mitigación para posibles derrumbes y caída de rocas, así también, el de advertir la instalación de letreros que dieran señales del peligro de derrumbe existente en el lugar”.

Del mismo modo, durante los meses que se ejecutaba el contrato, “la empresa no dispuso la concurrencia de un prevencionista de riesgo que revisara la forma de ejecución de los trabajos y el riesgo para terceros existente, así como la eficiencia del plan presentado por la empresa constructora para la prevención de riesgos”.

NEGLIGENCIA

“Frente a todas estas negligencias, las fuertes lluvias que habían sido advertidas, produjeron que las arcillas se saturaran de agua, las que se plastificaron, por lo cual la masa de suelo y roca perdió su estabilidad, situación que era perfectamente previsible, resultando con fecha 1 de mayo de 2017, alrededor de las 19:30 horas, la caída de tierras y rocas”, una de ellas de un metro y 60 centímetros de largo, 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto, la cual impactó el vehículo conducido por las víctimas, quienes lamentablemente fallecieron a raíz del impacto.

De acuerdo a la investigación, a consecuencia de estas infracciones y actuar negligente de los imputados en la ejecución de la obra y en la fiscalización de la misma, se produjo la caída de la roca y el fallecimiento de dos personas.

En este caso, como medida cautelar se decretó en contra de los imputados el arraigo nacional, es decir que no pueden salir del país y el plazo para el término de la investigación que dirige la Fiscalía fue fijado en 120 días.