«Cuestionar el instrumento no es relativizar el objetivo. Es exigir que la herramienta sea adecuada y segura», enfatizó Marcia Raphael durante la sesión de la Comisión.

En una tensa sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la legisladora de Renovación Nacional, Marcia Raphael Mora, rechazó el proyecto de Educación Sexual Integral (ESI), que finalmente fue aprobado en general con 8 votos a favor y 5 en contra. La votación se produjo en medio de una sorpresiva reactivación por parte del gobierno, que impuso su discusión inmediata de 30 días, desatando críticas también en diversos sectores por fijarlo así en la recta final del mandato.

La diputada Raphael fue enfática en señalar que “la prevención del abuso sexual infantil es una causa transversal y necesaria de abordar en el país, el proyecto actual presenta deficiencias de fondo que comprometen el bienestar de los menores de edad”.

Incertidumbre jurídica y falta de definiciones

La parlamentaria de la Región de Aysén alertó que el texto legal modifica la Ley N° 20.418 incorporando la obligación de informar sobre «género», sin que dicho concepto esté definido en el articulado. Raphael advirtió que esta omisión deja la interpretación abierta a marcos administrativos y orientaciones internacionales.

«No es razonable que una categoría altamente debatida en el ámbito académico, médico y psicológico quede entregada a interpretaciones cambiantes y sin un marco claro establecido por ley», fustigó la legisladora durante su intervención.

Otro de los puntos abordados en la discusión por la diputada Raphael fue el alcance de informar de manera completa sobre sexualidad. Basándose en antecedentes del propio MINEDUC y tesis académicas, denunció que bajo este enfoque se han propuesto actividades como dramatizaciones de expresiones sexuales o la observación de imágenes explícitas en niveles tan tempranos como quinto básico.

Para la diputada, la prevención efectiva se basa en educación en límites corporales, identificación de conductas abusivas, el fortalecimiento del vínculo protector y la denuncia oportuna. «Nada de eso requiere introducir categorías identitarias, ni menos adelantar contenidos propios de etapas posteriores del desarrollo», aseguró.

Finalmente, Raphael cuestionó que la iniciativa no resguarda adecuadamente el derecho preferente de los padres a educar y decidir por sus hijos, calificando de «ambiguo» el rol que se les asigna en el texto propuesto.

Al cerrar su intervención, la diputada reiteró que su voto en contra responde a la falta de rigor técnico de la propuesta. «Este proyecto, tal como está formulado, no otorga certezas jurídicas, no delimita conceptos esenciales y abre espacios de interpretación que pueden terminar afectando el bienestar psíquico y formativo de los menores», concluyó.