Antecedentes difundidos por Fast Check CL dan cuenta de capturas de conversaciones de WhatsApp en las que el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, solicita el pago de una “cuota” a funcionarios municipales, incluyendo listados con nombres y montos adeudados.

Estos registros adquieren especial relevancia considerando que el propio alcalde, en entrevista con Radio Santa María, descartó categóricamente la existencia de aportes monetarios exigidos desde la alcaldía, señalando que tales acusaciones “no se condicen en absoluto con la realidad”.

Sin embargo, uno de los mensajes difundidos —fechado el 21 de noviembre de 2024— muestra al jefe comunal escribiendo en un grupo interno de directivos: “Chicos, necesito que paguen la cuota”, acompañado de montos asociados a nombres específicos. En otro grupo, la secretaria de Alcaldía detalla montos diferenciados según cargo —directores, contrata y honorarios— e incorpora un listado con estado de pagos y datos para transferencias.

Estos antecedentes no surgen de manera aislada. La exadministradora municipal Gabriela Retamal, en su tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales tras su desvinculación, expuso la existencia de un supuesto sistema de aportes monetarios al interior del municipio. A ello se suma que concejales de la comuna habrían incorporado referencias a estos hechos en una ampliación de antecedentes presentada en el marco de acciones administrativas previas.

Desde la perspectiva jurídica, el director de Chile Transparente, Michel Figueroa, fue categórico al señalar en el reportaje que, bajo ninguna circunstancia, las remuneraciones de los funcionarios pueden ser objeto de exigencias posteriores por parte de sus superiores jerárquicos, ya que son de libre disposición. Asimismo, precisó que, si existiera una campaña de recaudación para fines sociales, esta debería realizarse mediante mecanismos formales, con ingreso a cuentas institucionales y sujeta a rendición pública.

Figueroa también advirtió que, de acreditarse los hechos, podría analizarse la eventual concurrencia de delitos asociados a influencias indebidas o incluso fraude al fisco, dependiendo del destino de los recursos y del carácter sistemático de la práctica.

En este escenario, surge la interrogante jurídica respecto de si estos antecedentes —sumados a lo expuesto en la tutela laboral y a las presentaciones realizadas por concejales— podrían eventualmente ser puestos en conocimiento del Ministerio Público para efectos de determinar si corresponde la apertura de una investigación penal.

Si bien la Municipalidad de Coyhaique ha señalado que no existe política institucional ni instrucción formal que obligue a realizar aportes, y que eventuales coordinaciones corresponderían a ámbitos privados, la existencia de mensajes emitidos por la máxima autoridad comunal solicitando el pago de una “cuota” instala una duda razonable en la opinión pública sobre la naturaleza real de estos aportes: si fueron estrictamente voluntarios o si operaron bajo una lógica de subordinación jerárquica.

Más allá de las responsabilidades individuales que puedan determinar los tribunales, el caso tensiona principios esenciales de la administración pública como la probidad, la transparencia y la correcta utilización de las estructuras de poder al interior del municipio.

Corresponderá ahora a las instancias administrativas, judiciales o eventualmente penales esclarecer los hechos y determinar si estamos frente a una práctica privada entre particulares o ante un mecanismo incompatible con el ordenamiento jurídico que rige la función pública.