Con el próximo cambio de mando presidencial se abre una oportunidad pertinente para evaluar el estado de avance de aquellas políticas públicas que impactan directamente en la integración territorial. En la Región de Aysén, donde la geografía impone desafíos permanentes, el transporte y la conectividad no constituyen meros servicios sectoriales: son condiciones habilitantes para el desarrollo, la cohesión social y la calidad de vida.

Durante este período, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones impulsó una agenda con fuerte énfasis en equidad territorial, fortaleciendo subsidios, elevando estándares de servicio y ampliando la conectividad digital en zonas aisladas.

Uno de los avances más significativos se registró en la conectividad marítima, eje estructural para el extremo sur austral. En la ruta hacia Villa O’Higgins se incorporó una nave adicional en el cruce Puerto Yungay–Río Bravo, aumentando frecuencias y otorgando mayor continuidad a una vía estratégica para la región. Asimismo, se reforzó el subsidio marítimo en el litoral norte, sumando una frecuencia adicional en la ruta Puerto Cisnes–Melinka–Quellón, lo que fortaleció tanto la movilidad de las personas como la cadena logística y el transporte de carga.

En las Islas Huichas también se elevó el estándar del servicio, reemplazando una nave menor por una barcaza con capacidad para pasajeros, carga y transporte de sustancias peligrosas, regularizando un aspecto crítico para la vida insular y la seguridad operativa.

En materia de transporte terrestre, se implementaron nuevos subsidios en rutas donde el mercado no entregaba una respuesta suficiente: Puerto Tranquilo–Coyhaique, Puerto Aysén–Puerto Chacabuco y Villa Mañihuales–Coyhaique. El objetivo común ha sido garantizar frecuencias estables, tarifas accesibles y condiciones dignas para los usuarios, entendiendo el transporte como un derecho habilitante y no únicamente como una actividad económica.

A nivel urbano, la creación de la nueva línea de taxis colectivos N°5 en Coyhaique permitirá cubrir sectores residenciales que hasta ahora carecían de transporte público, ampliando la cobertura y mejorando la movilidad cotidiana.

El balance, sin embargo, no se limita a la infraestructura física. En conectividad digital, se firmó el convenio “Última Milla” para dotar de fibra óptica domiciliaria a 21 localidades, con inversión del Gobierno Regional y ejecución de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Paralelamente, se adjudicó la primera red de fibra óptica entre Tortel y Villa O’Higgins, una obra de más de 142 kilómetros que marcará un antes y un después en la integración del extremo sur. A ello se suman las contraprestaciones sociales asociadas a la banda 5G, que permitirán llevar conectividad 4G a localidades rurales históricamente postergadas.

En conjunto, estos avances consolidan una lógica de acción pública clara: el Estado interviniendo donde el mercado no llega, asegurando continuidad territorial y reduciendo brechas estructurales. En una región como Aysén, esto no responde a una definición ideológica, sino a una necesidad objetiva derivada de su condición geográfica.

El próximo gobierno enfrentará el desafío de dar continuidad a estas políticas, garantizar la correcta ejecución de los proyectos en marcha y definir si mantendrá la integración territorial como prioridad estratégica. Porque en Aysén, el transporte y la conectividad no son solo infraestructura: son desarrollo, oportunidades y cohesión social.