El 11 de marzo el país inicia un nuevo ciclo con la asunción de un nuevo Presidente de la República. En ese marco, resulta pertinente revisar los avances alcanzados. En materia de seguridad -uno de los temas que más inquieta a  ciudadanía-, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric deja en la Región de Aysén una hoja de ruta definida, con decisiones políticas de fondo, inversión sostenida y un fortalecimiento efectivo de la presencia del Estado y de la acción coordinada de sus instituciones.

El hito más relevante fue, sin duda, la creación del Ministerio de Seguridad Pública en 2025. No se trató solo de un ajuste administrativo, sino de una reforma institucional de fondo: separar la conducción de la seguridad del Ministerio del Interior y dotarla de una estructura especializada, con una Secretaría Regional Ministerial propia en regiones. Para Aysén, esto significó algo clave: decisiones más rápidas, coordinación efectiva y una mirada territorial acorde a nuestra realidad de dispersión geográfica, ruralidad y extensas fronteras.

En paralelo, la implementación del Plan Calles sin Violencia marcó un cambio de enfoque. A nivel regional, este plan se tradujo en más de 1.193 millones de pesos en vehículos 4×4, drones y tecnología para reforzar el trabajo de Carabineros, la PDI, Aduanas y el control fronterizo. En una región donde las distancias no son un detalle, sino una condición permanente, modernizar y fortalecer el despliegue operativo fue una señal concreta de respaldo a las policías y de compromiso con la prevención y persecución del delito.

Pero la seguridad no se construye solo desde la reacción. Uno de los avances más significativos en Aysén fue la cobertura prácticamente total del Sistema Nacional de Seguridad Municipal: nueve de las diez comunas accedieron a financiamiento directo y estable para proyectos locales. Hablamos de 450 millones de pesos en inversión regional que permitieron instalar cámaras, mejorar iluminación, recuperar espacios públicos y fortalecer el patrullaje preventivo municipal en comunas como Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto Cisne, Río Ibáñez, Guaitecas, Lago Verde, Tortel, Chile Chico y Villa O’Higgins.

A ello se suma la intervención en barrios prioritarios, especialmente en Coyhaique, con el programa Somos Barrios Prioritarios, que destinó más de 300 millones de pesos a recuperación de espacios, obras de confianza y fortalecimiento comunitario. Porque la experiencia demuestra que la seguridad sostenible no se logra solo con más control, sino también con más cohesión social.

En la misma línea preventiva, la continuidad del Programa Lazos por tres años —con más de 559 millones de pesos— permitió reforzar la intervención temprana con niños, niñas y adolescentes, apoyando a sus familias y reduciendo factores de riesgo. Prevenir hoy es evitar que el delito se consolide mañana.

Un dato que no es menor: las diez comunas de la región cuentan hoy con Planes Comunales de Seguridad Pública vigentes y actualizados. Esto consolida una gobernanza local más sólida, con consejos comunales activos y planificación estratégica, dando estabilidad a las políticas más allá de los cambios de administración.

Nada de esto significa que los desafíos estén resueltos. La seguridad es una tarea permanente, que exige adaptación frente a fenómenos delictivos dinámicos y cada vez más complejos. Sin embargo, al cerrar este ciclo, Aysén queda con una institucionalidad más robusta, con inversión histórica que supera los 1.800 millones de pesos en seguridad y prevención, con municipios fortalecidos y con una red de trabajo interinstitucional más articulada que hace cuatro años.

A modo de despedida, más que enumerar cifras, vale destacar el sentido de lo avanzado: un Estado más presente en el territorio, que entendió que la tranquilidad en regiones extremas también requiere decisiones estructurales y recursos concretos. El nuevo gobierno recibirá una base instalada. Sobre ella deberá construir, corregir y profundizar.

Porque en seguridad, como en tantas otras materias, los cambios verdaderos no se miden en discursos, sino en la capacidad de sostener políticas públicas que den certezas a las familias. Y en Aysén, ese camino ya comenzó.