Elizabeth Gutiérrez, que lideraba el servicio del ministerio de Antonia Orellana en la Región de Aysén, salió libre de responsabilidades administrativas luego de que se le sacara de su puesto en 2022 por denuncias de supuestos casos de maltrato laboral. “La víctima soy yo”, afirma.

La polémica de los despidos de directoras regionales del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) no empezó ni terminó con el caso de Isabel Amor. Si bien fue el más polémico porque su fugaz nominación se bajó porque el gobierno consideró que hizo una defensa a un condenado por delitos de derechos humanos (el padre de Amor), surgieron muchos más casos que denunciaron un “modus operandi” del servicio para sacar con métodos cuestionables a las profesionales que habían llegado a ese cargo por Alta Dirección Pública (ADP), como usar supuestos casos de maltrato, dado que ellas no necesariamente coincidían con las ideas de la administración de la ministra Antonia Orellana.

Uno de esos casos fue el de Elizabeth Gutiérrez, administradora pública y exdirectora de Sernameg de la Región de Aysén, quien fue investigada, suspendida y despedida en julio de 2022 sin que el sumario por presuntos maltratos hubiera llegado a su fin.

Ese fin llegó este año y el 17 de diciembre recibió la resolución firmada por la directora nacional de Sernameg, Priscilla Carrasco (con fecha 19 de noviembre), donde se le absuelve del sumario. Es decir, se le suspendió y despidió siendo inocente: “La víctima fui yo”.

Un servicio “altamente politizado”

“A mí me suspendieron de mis funciones sin antecedentes claros. Fue un abuso del poder administrativo”, dice Elizabeth Gutiérrez a El Líbero tras conocer la resolución que la absuelve de responsabilidad y menciona que sólo estaba cumpliendo su rol de directora y que no actuó con mala intención.

Gutiérrez fue seleccionada vía Alta Dirección Pública en 2018 para ser directora de Sernameg Aysén. Hacer las nominaciones así y no a dedo, era un cambio en pos de la modernización del servicio. Sin embargo, cuenta, la “resistencia que se generó ahí fue tremenda porque en definitiva entras, pero entras con un componente político. O sea, era una directora de derecha la que ingresaba. Y yo militante UDI, además. Entonces, en cuanto yo llego y tomo conocimiento del desarrollo en el servicio, pongo en antecedentes situaciones relevantes respecto del no funcionamiento e inclusive de faltas graves que cometían los funcionarios. Entonces, instruyo a sumarios. Como contraparte, y ahí nace el modus operandi, ¿qué hacen esas funcionarias para mantenerse en el trabajo? me acusan de maltrato“.

Esa primera denuncia se resolvió rápido y ella salió absuelta, pero una segunda funcionaria la denunció internamente, en la Inspección del Trabajo y en la justicia, luego de que Gutiérrez la sumariara por trabajar en una pyme familiar durante una licencia médica en la pandemia, “quitándole oportunidades a las mujeres que realmente lo estaban pasando mal”.

La justicia y la Inspección del Trabajo, relata, la absolvieron, pero quedaba pendiente el sumario, al que se sumó otra denuncia de maltrato de una trabajadora a honorarios a la que Gutiérrez le llamó la la atención varios meses por no entregar todos los productos comprometidos en su contrato. Ambas denunciantes eran parte de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Sernameg (Anfusem).

Luego de presentar el caso al nivel central, “entra a operar también la Asociación de Funcionarios. Y ahí es porque digo yo que este es un servicio altamente politizado, porque ya era una decena de directoras a las que se había removido bajo el mismo modo: acusaciones de maltrato que terminaban con las desvinculaciones de la directora. Y entonces sale la asociación, establecen que yo soy una ‘maltratadora’, sin que se cierren esos procesos y lo publican en Santiago, lo dicen con megáfonos”.

El salir del cargo por una falta a la probidad, como un maltrato, implica además, la inhabilidad de postular o desempeñar un trabajo público temporal o definitivamente. Si a Gutiérrez la hallaban culpable, arriesgaba cinco años sin volver a trabajar para el Estado.

El rol de la asociación de funcionarios y la “premeditación” para sacarla del cargo

Al tiempo, a Gutiérrez le pidieron que se fuera de vacaciones y, a su regreso, la suspendieron. Ella cree que el proceso en su contra fue impulsado desde el nivel central y ejecutado con el objetivo claro de desvincularla desde el principio.

“La directora nacional subrogante en ese momento era también la fiscal del caso: juez y parte al mismo tiempo. Todo estaba armado para que yo no pudiera defenderme (…) me desvinculan armando una carta al Servicio Civil y fundamentando que se me desvincula porque yo tengo mal clima laboral y porque tengo dos acusaciones de maltrato, dando por hecho que las acusaciones entonces eran ciertas. Incluso hubo un titular en el diario regional, sale hablando la asociación. Es decir, un desprestigio increíble. El gobierno actual me echa argumentando el tema de que en definitiva yo soy casi culpable de mal. Ellos son los que no esperan el cierre del sumario y dan por cierta la denuncia porque al final del día, aquí lo que opera es el poder de los funcionarios. Para la asociación yo era culpable, entonces, era culpable”.

Según la profesional, en las declaraciones dentro del sumario, las funcionarias declararon que ellas no querían que Gutiérrez volviera a trabajar al servicio. “¿Esto es una investigación sumaria o estamos hablando de una persecución?”, se pregunta.

Ahora, reflexiona, las asociaciones no han hecho mayor ruido respecto a jefaturas, porque su color político es afín a ellos.

“Hoy día las asociaciones feministas ni siquiera existen. No han salido con el caso Monsalve, no salieron con el caso de (Gabriel) Boric. Están silenciadas y el servicio está silenciado ¿Por qué? Porque hoy día tienen a las personas que quieren que las gobiernen. Por eso creo que el Sernameg está raptado por un cupo político. Hoy día están todos calladitos: no se hablan de las cifras de los trabajos operativos o de la tasa de femicidios que ha aumentado de forma increíble. Es decir, de lo único que se sale a hablar son de los escándalos que han generado con la desvinculación de Amor, con las desvinculaciones que se han generado con otros directivos”.

La exdirectora critica que la actual administración de Mujer “no sale a relucir una política clara en donde nos digan ‘mira, este es el trabajo concreto que se ha realizado’. Las leyes de las que tanto habla la ministra son leyes que están aprobadas, pero que vienen de gobiernos anteriores. Por ejemplo, la ley integral contra la violencia de las mujeres, fue un trabajo de Isabel Plá; los ‘Papito corazón’ (…) no son iniciativas de este gobierno, entonces cuando hablan y dicen, ‘oye, somos un gobierno feminista y no lo demostramos en el caso Monsalve, sino en todas estas otras cosas’, ¿Perdón? Estos no son invento de ellos, no han hecho nada por modernizar el servicio”.

La intervención de la directora del Sernameg

Priscilla Carrasco, que también es mencionada en otras denuncias al Sernameg, viajó a Aysén cuando se investigaba a Gutiérrez y se reunió con la asociación de funcionarios regional. Según lo averiguado por la profesional, Carrasco se habría comprometido a sacarla del puesto.

“Ese era el compromiso que tenía ella con los funcionarios. O sea, a mí me iban a desvincular de la institución y luego de la desvinculación de la institución a mí se me iba a otorgar la pena máxima que es una falta de la probidad y yo iba a quedar inhabilitada por cinco años. Ese era el panorama que tenía”, acusa.

Otra intervención de la directora nacional en el caso, quedó estampada en la respuesta de Carrasco a un petitorio de los funcionarios en 2023. En la carta menciona que le “preocupa” que una funcionaria del servicio haya declarado a favor de la exdirectora regional en una demanda por tutela laboral de esta.

Todo este tiempo, dice Gutiérrez, lo ha dedicado a trabajar en su defensa con el abogado Néstor Gómez Canales, a quien le agradece el resultado positivo en su caso. Eso sí, hoy está evaluando iniciar procesos administrativos contra quienes la acusaron de maltrato.

“El estatuto administrativo establece que ante acusaciones de este tipo, que sean infundadas, como aquí se pudo corroborar, lo único que queda es la destitución de esa funcionaria. Yo voy a solicitar ese sumario. ¿Pero tú crees que la señora Carrasco va a determinar la sanción máxima o la va a absolver? La va a absolver. Y es un falso testimonio, son mentiras y argumentos falsos con los cuales se tratan de destruir no solo una imagen, sino una carrera”, lamenta.

Gutiérrez ya había denunciado a las denunciantes, pero el sumario estimó que al hacer sus acusaciones, ellas sólo estaban cumpliendo con su rol sindical y se desestimó levantarles cargos.

Fuente: El Líbero