A partir de la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, en mayo de 2023, los Tribunales de familia han ordenado el pago de más de $1 billón 360 mil millones de pesos a través de los mecanismos que establece la ley. De este monto, ya se han pagado más de $588 mil millones desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de pensiones, casi el doble de lo pagado al mes de mayo de este año.

Así lo indicó el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a las ministras Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo; de la Mujer y equidad de Género, Antonia Orellana y  el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.

“Es emocionante escuchar cómo políticas públicas bien hechas, políticas públicas con una visión distinta, con una visión de género, con una visión puesta en la mujer pueden cambiar la vida de las personas”, expresó el Presidente.

Esta normativa impulsada y promulgada por el Gobierno a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, establece que será el Estado el persecutor del patrimonio del deudor y crea dos mecanismos para lograr el pago efectivo de la deuda.

«Desde que se aprobó la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos hemos trabajado sin descanso por su implementación, no solamente desde el Ejecutivo, sino también con el Poder Judicial y el sector privado, con la Comisión para el Mercado Financiero y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras», destacó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien también reconoció el trabajo de las y los parlamentarios que impulsaron y apoyaron estas iniciativas.

Por su parte la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Isidora Gacitúa Goles, destacó los avances que ha tenido esta Ley, enfatizando que: “Entendemos que el cumplimiento que deben tener los padres con la Ley de Pensión de Alimentos, no se considera como un favor hacia las mujeres que son madres y jefas de hogar, sino que debe reconocerse como la respuesta a un derecho que repercute en el bienestar de los hijos e hijas;  ellos es que hay que pensar, en el bien superior de los niños y nñas,  y cómo la sociedad responde frente a sus necesidades y cuidados”, indicó.

Un importante antecedente de esta normativa es la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, promulgada el 10 de noviembre de 2021 durante el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Esta ley entró en vigencia el 19 de noviembre de 2022, y ha correspondido al actual gobierno velar por su implementación.

En este sentido, la ministra Orellana destacó que “hoy celebramos dos años del inicio de un cambio cultural al que aún le falta mucho por delante.  Seguiremos mejorando estos nuevos mecanismos para que los recursos que se necesitan puedan llegar a estos hogares que en su mayoría lideran jefas de hogar. Y, como nos instruyó el Presidente, en derechos de las mujeres no podemos retroceder, solo podemos avanzar”, señaló la autoridad.

Al mes de noviembre, hay más de 250 mil deudores con deuda vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, pero gracias a las consecuencias establecidas en la misma ley y a los mecanismos de pago de la Ley de Responsabilidad Parental, también se registran más de 106 mil cancelaciones desde su creación, lo que quiere decir que más del 37% de los deudores que han ingresado al registro han pagado sus deudas o han llegado a un acuerdo de pago ante tribunales.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, junto al Poder Judicial, han trabajado para fortalecer su implementación a través de diversas iniciativas, como la inyección de $4 mil 328 millones de pesos para agilizar los procesos y disponer de más funcionarios en los Tribunales de Familia; y se ha establecido un trabajo permanentemente de coordinación y desarrollos tecnológicos con la Comisión para el Mercado Financiero y las instituciones involucradas.

Además, este año el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género inició un proyecto piloto con la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana (CAJ) para dar asistencia jurídica gratuita a miles de mujeres. En cinco meses, gracias a este convenio, la Corporación ha llevado la representación judicial en 1.937 causas, han ingresado 552 nuevas causas a tribunales, han atendido 1.564 entrevistas de orientación e información, han realizado 895 entrevistas judiciales para evaluación de viabilidad jurídica, y han registrado más de 6.609 gestiones judiciales y/o extrajudiciales asociadas al avance procesal de las causas y a la correspondiente comunicación e información con las mujeres patrocinadas.