En vísperas de una sesión clave de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), programada para el próximo 3 de junio, los gremios AGRUPAYSEN y ACUIPROV han manifestado su posición en un reciente punto de prensa. Los gremios enfatizan la importancia de un manejo justo de las solicitudes de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), pidiendo un proceso transparente y participativo que integre todas las voces involucradas.

Desde la implementación de la Ley Lafkenche, los debates sobre la gestión de las solicitudes de ECMPO han sido intensos y a menudo polémicos. El proceso ha estado marcado por tiempos excesivamente extensos, vacíos que han permitido el mal uso y desproporcionalidad en las extensión espacial de las solicitudes y falta de liderazgo de parte del estado lo que ha generado incertidumbre, conflicto permanente entre los múltiples actores que hacen uso del borde costero. A pesar de los intentos de diálogo y reconciliación, persiste una preocupación significativa por parte de grupos locales y gremios, quienes consideran estas solicitudes como un punto de preocupación que podría influir en sus actividades económicas y la cohesión cultural.

En la reciente conferencia de prensa en Coyhaique, Misael Ruiz expresó profunda preocupación por el futuro de la región, en vista de la votación inminente sobre los recursos de reposición de ECMPOs para Puerto Cisnes y Huichas. Ruiz destacó la fragilidad económica de Aysén, mencionando cómo la economía local depende en gran medida de sectores como la pesca y la salmonicultura, que se verían directamente afectados por las decisiones sobre los espacios costeros. Hizo un llamado urgente a los parlamentarios para que se realicen ajustes legislativos que permitan manejar estas solicitudes de manera más equitativa y eficiente. «Estamos en un punto crítico donde las decisiones que tomemos ahora podrían tener un impacto duradero en nuestra región. No estamos en contra del espíritu de la ley, pero sí de su mala aplicación que permite solicitudes excesivamente amplias sin controles adecuados. Esto podría perpetuar conflictos y dificultar el desarrollo económico sostenible de nuestra comunidad», afirmó. Ruiz también señaló la importancia de un diálogo genuino y de acciones rápidas por parte de las autoridades para asegurar un equilibrio justo entre conservación y desarrollo económico, advirtiendo que están preparados para movilizarse si es necesario para defender los intereses y el bienestar de la región.

Katia Inostroza, reflejando sentimientos similares durante la conferencia, reiteró la necesidad de un proceso transparente y justo en la gestión de las solicitudes de ECMPO. «La situación actual requiere que todas las partes, incluidos los legisladores y administradores, consideren seriamente cómo las leyes y procesos en curso afectan no solo a la ecología de nuestra región, sino también a su tejido socioeconómico», señaló Inostroza. Hizo hincapié en que la ley actual permite solicitudes ilimitadas por partes de las comunidades originarias, lo que contrasta marcadamente con las restricciones impuestas a los pescadores artesanales, quienes enfrentan límites estrictos y regulaciones rígidas. «Necesitamos una ley que no solo sea justa, sino que también sea práctica y aplicable en el contexto real de nuestras comunidades que dependen de estos recursos», explicó. Inostroza concluyó con un llamado a la acción para reformar la ley de manera que refleje las realidades económicas y culturales de Aysén, anticipando la posibilidad de movilizaciones si las futuras decisiones no consideran adecuadamente las voces de los afectados.

Este llamado a la justicia y equidad refleja una preocupación compartida por los gremios y la comunidad en general, subrayando la importancia de que las decisiones futuras fomenten la armonía y el respeto mutuo, esenciales para el progreso de Aysén. La próxima sesión de la CRUBC no solo decidirá sobre las solicitudes de ECMPO sino que también podría definir el curso del manejo costero en la región para las próximas generaciones.