• El informe estadístico, que desde 2019 entrega la organización con datos del Ministerio Público, revela que durante 2023 se registraron 40.361 denuncias de este tipo a nivel nacional, 3,9% menos que 2022, cuando se reportó un peak histórico.
• En el estudio Aysén aparece como una de las regiones donde es más probable que se denuncie el abuso sexual de un NNA, y registra un mayor número de formalizaciones en estos casos comparado al total país.

Fundación Amparo y Justicia publicó su informe estadístico anual con las más recientes cifras relacionadas a denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en Chile.

El estudio, realizado por la organización desde 2019 con datos del Ministerio Público, analizó en esta ocasión los datos registrados entre 2006 y 2023.

En relación con la distribución regional de las víctimas, la probabilidad que tiene un NNA de ser víctima de alguno de estos delitos y que su caso se denuncie, es mayor en las regiones de Arica y Parinacota (16,8), Ñuble (16,4) y Aysén (14,5). Es decir, la tasa de victimización es mayor en estas tres regiones mencionadas.

“Si bien la región de Aysén presenta alrededor del 1% de las denuncias reportadas a nivel nacional, fue la tercera región con la tasa más alta de victimización, lo que no significa necesariamente que haya más delitos, sino que se denuncian más”, explica Carolina Pavez, socióloga e investigadora de Fundación Amparo y Justicia.

El estudio muestra además algunas interesantes diferencias entre los resultados de Aysén y los datos nacionales. Por ejemplo, a nivel nacional, las formalizaciones llegaron a un 13% (3.543) en 2021 -con un decrecimiento sostenido en el periodo analizado-, mientras que en Aysén las formalizaciones llegaron al 35,2% ese mismo año.

A su vez, un 68,4% de las causas nacionales tuvieron salidas no judiciales en 2023, siendo archivadas un 60% de ellas. “La alta proporción de causas archivadas refleja la necesidad de mejorar los resultados persecutorios”, advierte Nicolás Pietrasanta, jefe de Estudios y Políticas Públicas de Fundación Amparo y Justicia.

En Aysén, en tanto, un 43,95% de las causas tuvo una salida no judicial el año pasado, mostrando nuevamente una diferencia llamativa en relación con el total país. Respecto a la región, cabe recordar que durante 2023 Fundación Amparo y Justicia junto a la Fiscalía de Aysén y el Programa de Apoyo a Víctimas desarrolló la campaña ¿Sabes cómo actuar si te enteras de un delito sexual contra niños, niñas o adolescentes?, que incluía una serie de capacitaciones para funcionarios de establecimientos educacionales de la región.

A partir de este proyecto, se pudo observar que un 70% de los participantes no había recibido formación sobre esta temática de manera previa, y solo un 26% se sentía preparado para actuar frente a la acusación de un delito sexual por parte de un NNA, cifra que aumentó a un 94% luego de recibir la charla de Amparo y Justicia.

“Con estos datos es posible relevar la importancia que tienen las campañas y políticas públicas para fomentar la denuncia de este tipo de delitos”, destaca Pavez.

Cifras nacionales

Una disminución de 3,9% se registró durante 2023 en las denuncias de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en Chile.

El informe revela que el año pasado se registraron 40.361 denuncias por delitos sexuales contra NNA, versus las 41.999 reportadas en 2022: el máximo histórico registrado.

Esta baja, indican desde la Fundación, refleja una estabilización en el número de casos ingresados, luego que en 2022 se observara un considerable incremento de denuncias: un 42% más que las registradas antes de la pandemia, cuando las instituciones volvieron a operar con normalidad y las escuelas regresaron a la presencialidad.

A pesar de esta caída, las denuncias por delitos de este tipo se mantienen sobre las 40 mil: un número alarmante si se considera que estudios a nivel mundial han estimado que más de un 80% de las violaciones y agresiones sexuales con víctimas NNA no son denunciadas.

Sobre Fundación Amparo y Justicia

Durante 25 años ha trabajado para apoyar a familias que perdieron a un niño, niña o adolescente debido a una agresión sexual en el contexto de un homicidio.

Esta experiencia les ha permitido incidir en políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos de la niñez, contribuyendo a mejorar la respuesta que el sistema de justicia penal le otorga a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales.