Recientemente, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, recibió de parte del ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; la Subsecretaria de dicha cartera, Macarena Lobos y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, Valeria Lübbert, la Estrategia Nacional de Integridad Pública, política pública orientada a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en el país.

La Estrategia Nacional de Integridad Pública es una política hecha de manera participativa, basada en evidencia, y con un enfoque proactivo orientado a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en el país.

“El objetivo de esta estrategia es dar una respuesta estructural y permanente a una serie de pendientes y brechas para no dar tregua a la corrupción en Chile, venga de donde venga. La estrategia se hace cargo de los diferentes problemas de fondo que tiene el país en materia de corrupción, y también busca anticiparse a los hechos, sin perjuicio de que en el futuro puedan surgir nuevos temas que nos obliguen a actualizarla, como corresponde en un país desarrollado”, indicó Tatiana Plá Álvarez, seremi de Gobierno región de Aysén.

El trabajo de la comisión “Jaraquemada”, se extendió por 45 días, con un total de 30 sesiones, cuyos integrantes fueron: María Jaraquemada, Ramiro Mendoza, Jeannette von Woldersdorff, Ignacio Irarrázaval, Ignacio Agüero y Valeria Lübbert, quienes además recibieron a distintos representantes del mundo civil, estatal y de organismos internacionales.

La comisión propuso 46 medidas, entre ellas, sobre formas de relacionamiento, específicamente con una ley general de transferencias, además de ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sisrec) de Contraloría como portal único de rendición de las transferencias del Estado.

El documento de 169 páginas detalla que el foco de la estrategia está puesto en la integridad, puesto que este concepto engloba los de “anticorrupción” y “probidad”, ya que incluye un ámbito más amplio que comprende también dimensión ética y cultural, y apunta también a actores del sector privado y a la sociedad en su conjunto.

“Como Gobierno valoramos que esta estrategia haya sido creada a través de consultas, diálogos y mesas de trabajo con académicos, representantes de la sociedad civil, el sector privado y actores clave de las principales instituciones estatales con competencias en el ecosistema anticorrupción de nuestro país. Más de sesenta instituciones del Estado aportaron e impulsaron el desarrollo de este instrumento”, agregó la vocera de Gobierno de Aysén.

Las áreas temáticas que aborda la estrategia se detallan en cinco ejes: Función pública, Recursos públicos, Transparencia, Política y Sector privado. El instrumento define hacia dónde avanzar, con un completo diagnóstico y definición de objetivos estratégicos que orientarán la creación de una cultura de integridad, con un horizonte de 10 años. La estrategia establece una verdadera hoja de ruta para avanzar hacia estos objetivos, al contar con un plan de acción de más de 200 medidas, realistas pero ambiciosas, para alcanzar los objetivos propuestos.

En Función Pública (70 medidas en total) se plantea presentar un proyecto de ley de prevención de conflictos de intereses, así como la iniciativa de Integridad Municipal que ya está siendo tramitada con urgencia en la Cámara de Diputados.

En el eje de Recursos públicos (40 medidas), destaca la Ley de compras públicas, recientemente promulgada, que agrupa medidas legislativas, como un sistema de detección de conflictos de intereses y monitoreo de tratos directos y, además, presentar un proyecto de ley que regule de forma permanente las transferencias estatales a instituciones privadas sin fines de lucro y consolide lo incorporado en el Presupuesto 2024.

En Transparencia (30 medidas) se propone la apertura de datos del Estado, con medidas administrativas, legislativas y de gestión. Para esto, anuncian el desarrollo de un portal único de cuentas públicas de las instituciones del Estado y un portal donde responder solicitudes de la ciudadanía.

En tanto, en Política (22 medidas) se pretende impulsar una iniciativa que impida que personas condenadas por ciertos delitos de corrupción puedan presentarse a cargos de elección popular u ocupar puestos de dirigencia en partidos, además de mejoras a la regulación de gasto electoral y otros temas de campañas políticas.

Finalmente, en Sector Privado (41 medidas) se anuncia la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, para facilitar el combate a la evasión fiscal, el crimen organizado, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, atentados contra la libre competencia y, en general, los conflictos de intereses.