Esta tarde, a través de una declaración pública explicaron las razones que llevaron a tomar esta difícil decisión.

El documento señala: Los funcionarios, funcionarias, académicos y académicas de la Universidad de Aysén, agrupados en la AFUA hemos iniciado el día lunes 6 de noviembre un paro total indefinido, ante la grave situación administrativa y financiera de la institución. Es por ello, que el pasado martes nos reunimos en asamblea con el Rector de la UAysén, Sr. Enrique Urra Coloma y su equipo directivo, para exponer las razones de la paralización, haciéndole entrega de un petitorio, el cual se comprometió a responder en un plazo de 24 horas.

Las razones por la que los trabajadores y trabajadoras hemos tomado esta difícil decisión se relacionan con los siguientes aspectos:

Los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Aysén vemos con gran preocupación la situación de crisis financiera y administrativa que hoy afecta nuestra institución y que pone en riesgo la sostenibilidad del proyecto universitario que ha sido y es un sueño para los habitantes de nuestra región.

Durante los últimos meses, como funcionarios y funcionarias, hemos sido víctimas de reiteradas vulneraciones a nuestros derechos fundamentales. Actualmente, la Universidad de Aysén presenta una deuda de remuneraciones debido al pago parcial de éstas durante el mes de septiembre, la que se incrementará durante los meses de noviembre y diciembre, de acuerdo a lo señalado por las propias autoridades universitarias. Así mismo podemos nombrar otras vulneraciones tales como cambios unilaterales de las condiciones contractuales; no contar con condiciones laborales mínimas para el desarrollo de nuestras funciones, por ejemplo, actualmente más del 50% de los funcionarios y funcionarias no cuenta con los espacios de trabajo adecuados, debiendo resolver de manera particular su situación; a ello se suma que hasta la fecha la autoridad no ha abordado la situación de salud mental de los trabajadores y trabajadores, la cual se ha visto profundamente afectada este año y en particular durante las últimas semanas.

Vemos con preocupación que a tres semanas de la fecha legal para la notificación de las desvinculaciones que han sido anunciadas por el rector y que se enmarcan en el denominado Plan de Contingencia de la casa de estudios, no exista un trabajo articulado con la Asociación de Funcionarios y Funcionarias, respecto de los criterios que se utilizarán para tomar dicha decisión y cómo esto impactará en el funcionamiento de la institución, ad portas de enfrentar un nuevo año académico.

Creemos que es fundamental que los trabajadores y trabajadoras que hacemos funcionar la casa de estudios, seamos parte activa en la búsqueda de estrategias que permitan dar sostenibilidad a la institución, resguardando en todo momento los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y que, en ningún momento, dichas decisiones impliquen una precarización de las condiciones laborales en que se desarrolla la labor universitaria.

Desde que tomamos conocimiento de la grave crisis que enfrenta nuestra casa de estudios, hemos sido enfáticos en señalar a las autoridades universitarias nuestra voluntad de colaborar en todo lo que sea necesario para sacar adelante este proyecto universitario de la Región de Aysén, sin embargo hemos sido constantemente invisibilizados por las autoridades universitarias, negando los espacios de diálogo y co construcción, incumpliendo de manera constante los compromisos asumidos con la asamblea de trabajadores y trabajadoras.

Pese a nuestra voluntad de construir juntos y juntas propuestas de solución a la situación de la institución, ha existido ausencia de diálogo entre las autoridades universitarias y los trabajadores y trabajadoras, a pesar de ser quienes diariamente hacemos funcionar la Universidad de Aysén.

En medio de este difícil escenario y ante la ausencia de pago de remuneraciones en la institución, cuestionamos la contratación a honorarios del administrador público Javier Pino, actual prorrector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), como asesor externo por el periodo de tres meses, por un monto de 12 millones de Es preciso señalar que Javier Pino fue sugerido como asesor desde el Ministerio de Educación, sin embargo, dicha cartera no ha asumido el costo del acompañamiento que realizaría el señor Pino en nuestra institución, por lo que hacemos un llamado al Ministerio para gestionar la figura de la comisión de servicio, procedimiento administrativo apropiado para este tipo de acciones.

No ha existido a la fecha una actitud de transparencia por parte del Rector Enrique Urra respecto de la situación actual de la institución, con escasa entrega de antecedentes por ejemplo asociados al déficit financiero, entrega de informes de la superintendencia de educación superior, así como también, la no incorporación de los trabajadores y trabajadoras en la construcción de estrategias para elaborar el denominado plan de contingencia.

Finalmente, como funcionarios y funcionarias de una universidad del Estado, hacemos un llamamos al presidente de la República Gabriel Boric Font, al Ministro de Educación, Nicolás Cataldo y al Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana a realizar acciones concretas que permitan resguardar los derechos de los y las trabajadoras, pero por sobre todo, desarrollar todas las acciones que sean necesarias para asegurar la continuidad de la Universidad de Aysén, tal como lo comprometió en enero de 2023 el mandatario en su visita a nuestra casa de estudios.