Claro Vicuña Valenzuela es una de las empresas constructoras más grandes a nivel nacional y mantiene decenas de contratos con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Serviu. Esta importante compañía pidió este viernes 21 de octubre su quiebra, a un día de solicitar además el paralizar varias obras, debido a un aumento de costos que no se pudo solventar.

Ante el 9º Juzgado Civil de Santiago la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) inició su proceso de quiebra este jueves debido al delicado presente económico que atraviesa, lo que se debe -según acusaron- a «problemas estructurales de la industria de la construcción» y «burocracia de los mandantes públicos para gestionar pagos».

«En términos prácticos se desmovilizarán 30 obras en ejecución a lo largo de Chile, serán desvinculadas más 2.500 personas y habrá impacto sobre productos y servicios de más de 1.500 proveedores de distinto tamaño. El volumen de deuda corriente con el que la empresa inicia este proceso de liquidación voluntaria asciende a los 58 mil millones de pesos», alertó CVV en un comunicado.

Según consigna la prensa nacional, la firma con 65 años de historia realizó un emplazamiento al Gobierno del Presidente Gabriel Boric: «La decisión del Ministerio de Obras Públicas de reajustar retroactivamente sus contratos, medida solicitada hace meses por la compañía; es tardía para Claro Vicuña Valenzuela», puntualizaron.

«Obras que estaba desarrollando quedarán inconclusas, entre las que se cuentan el Bypass de Castro, el Hospital de Curacautín, la avenida principal de Angol, entre muchas otras», acusó la constructora, que indicó también que pese a sus esfuerzos por evitar su proceso de liquidación, «la autoridad no sopesó la gravedad de la situación y hoy llegamos al punto de no continuar con nuestras operaciones».

DETALLES DE SU CRÍTICO MOMENTO

De todas maneras, CVV reiteró que esta crítica situación que enfrenta está gatillada también por el aumento de precio de los materiales y el bajo stock de estos, la menor disponibilidad de mano de obra y la inflación que azota al país.

«Todos estos factores afectaron la continuidad de las operaciones, la productividad de los proyectos y la eficiencia en el uso de recursos, teniendo como consecuencia de todos estos factores, un impacto relevante en los costos y plazos de las obras», se detalló en el comunicado.

A esto se sumó la crítica por el «atraso en el curso de los estados de pago mensuales con su respectivo incumplimiento de la ley de pago a 30 días y retrasos en la tramitación de convenios de pago de obras ejecutadas y por ejecutar», mientras que «se sumó la no recepción y finiquito de obras terminadas. Con implicancias en retención de estados de pago, así como la no devolución de boletas de garantía».

La quiebra de la histórica empresa constructora avanza pese a que, según aseguraron, intentaron evitarlo «inyectando importantes recursos por parte de los accionistas, reducir los gastos fijos, reducir sus ingresos y su actividad y negociar con los proveedores sus plazos de pago, pero estas acciones no han sido suficientes».

Algunas de las obras públicas que ya están paralizadas son el puente Bicentenario sobre el Biobío en el Gran Concepción, arreglos en Colón en Talcahuano y un by pass en Los Lagos.

CVV en su solicitud de liquidación ante el 9º Juzgado Civil de Santiago ocupó de ejemplo lo sucedido en la obra de “bypass de Castro”. En el texto se explica que la empresa tomó el proyecto con el compromiso de que los problemas que obligaron a la firma anterior a dar un término anticipado del proyecto no se repetirían.

“No se cumplió y las paralizaciones originadas en hallazgos arqueológicos impidieron la continuidad operacional de la obra generando retrasos y mayores costos que hasta la fecha no han sido pagados a la empresa (…) no se obtuvo ninguna solución para la empresa que igualmente dio avance al desarrollo de la obra que presenta hoy un 73%”, puntualizó, y agregó que por este proyecto se espera un pago atrasado de $3.196 millones por parte del MOP.

Otro ejemplo que se da es el del proyecto “Puente Ciruelo”, en la Región de Los Ríos: “Esta obra se encuentra terminada y entregada desde principios de 2022 (…) Sin embargo, a la fecha existe una liquidación pendiente del Ministerio de Obras Públicas por $1.378 millones, que no se le han pagado a la empresa”.

CVV también señala que existen otras siete obras ya terminadas y en funcionamiento, que no han podido ser facturadas “por retrasos en el cierre administrativo del mandante. El monto adeudado de estas obras es de $1.166 millones. Algunas de ellas datan de 2018″. También existirían problemas con otros proyectos terminados, entregados y en uso, que se encuentran judicializadas en sus pagos finales.

“Estas situaciones, que se han repetido en los últimos años, han provocado un impacto relevante frente a la imposibilidad de contar con ingresos, afectando el capital de trabajo disponible para la ejecución de nuevos contratos”, agregó.

Entre los proyectos que hoy son un dolor de cabeza para la firma y que les significa estar en un proceso judicial pendiente son la construcción del Complejo Fronterizo Chungará, el estadio Ester Roa de Concepción, el Hospital de Puerto Aysén y el Hospital de Hanga Roa.

“En el caso de algunas de las obras mencionadas, los mandantes tienen retenidas boletas de garantía, negándose a poner término o finiquito a los contratos. Esto ha obligado a CVV a mantener vigentes estas boletas con el enorme costo financiero que ello involucra. Lo que para un mandante puede ser un simple papel, para la empresa ha tenido una carga financiera que asciende a $3.442 millones”, complementó.

CCHS LAMENTÓ QUIEBRA DE LA CONSTRUCTORA

«Lamentamos profundamente la complicada situación por la que pasa una empresa de larga data en la industria de la construcción», así reaccionó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) tras conocerse la quiebra de CVV.

A través de un comunicado, se indicó que «este escenario es consecuencia del alza de precios de los materiales que han afectado a proyectos sin opción de reajustar los precios, como también a las permanentes dificultades en la relación mandante-contratista especialmente con las empresas del Estado, con dificultades en obtención de recepciones, y en definitiva pagos oportunos por los servicios realizados».

«Es urgente trabajar en conjunto para desatar esos nudos arraigados en la burocracia estatal y así evitar que otras empresas puedan enfrentar escenarios tan difíciles como el tener que llegar a la quiebra, desmovilizando proyectos y dejando a personas sin su fuente laboral», cerró CChC.

Fuente: Cooperativa – La Tercera