La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Coyhaique acogió 12 solicitudes de un total de 35 realizadas por internos de los recintos penales de Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico, Cochrane y el Centro de Educación y Trabajo Valle Verde.

La comisión fue encabezada por el presidente (s) de la Corte de Apelaciones, Pedro Castro Espinoza e integrada por los magistrados Mario Devaud Ojeda, del Juzgado de Garantía de Coyhaique; Pablo Freire Gavilán, Rosalía Mansilla Quiroz y Mónica Coloma Pulgar, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y Gastón Hernández Leiva, secretario subrogante del tribunal de alzada, como ministro de fe.

En esta oportunidad, también compareció como observador el abogado de la Defensoría Penal  Pública, Cristián Cajas Silva, previa autorización de la Comisión.

Recordar que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Coyhaique es el organismo encargado de pronunciarse sobre las solicitudes de otorgamiento de este beneficio realizado por los internos de los centros penitenciarios de la región.

Tras sesionar, en modalidad mixta, la comisión informó que se resolvió entregar este derecho a 12 de los solicitantes: seis de Coyhaique, uno de Puerto Aysén, tres de Chile Chico, uno de Cochrane y uno del Centro de Educación y Trabajo Valle Verde. Quedando 3 solicitudes pendientes.

La comisión estimó como concurrentes requisitos como: Haber cumplido el tiempo mínimo que exige la Ley de condena que se le impuso por sentencia definitiva; que se haya observado una conducta intachable durante el cumplimiento de la condena y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería de Chile, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad.

Asimismo, las personas en libertad condicional quedarán sujetas a la supervisión de un delegado de Libertad Condicional de Gendarmería de Chile, el cual deberá elaborar un plan de intervención individual, que comprenderá reuniones periódicas, las que durante el primer año de supervisión deberán ser a lo menos mensual; la realización de actividades tendientes a la rehabilitación y reinserción social del condenado, tales como la nivelación escolar, la participación en actividades de capacitación o inserción laboral, o de intervención especializada de acuerdo a su perfil.